El gobierno de México hizo públicas  las preocupaciones que sus funcionarios han planteado al gobierno de Biden sobre el reinicio pendiente del programa Permanecer en México.

El programa, creado por el gobierno de Trump y conocido oficialmente como Protocolos de Protección al Migrante, reconfiguró drásticamente el proceso de selección de asilo en Estados Unidos al exigir que los solicitantes de asilo esperen en México mientras sus casos judiciales de inmigración proceden en Estados Unidos.

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El gobierno de Biden puso fin al programa a principios de este año, pero un juez federal de Texas ha ordenado su reimplantación. El juez no está de acuerdo con el razonamiento que el gobierno dio en el memorándum que ponía fin al programa y consideró que los estados de Texas y Missouri probablemente se verían perjudicados porque podrían tener que proporcionar servicios, incluidos los permisos de conducir, a los solicitantes de asilo que decidieran residir en su estado.

En una presentación ante el tribunal a principios de este mes, el gobierno dijo que el programa Permanecer en México probablemente volvería en las próximas semanas.

El gobierno de Biden está esperando la decisión de México de aceptar a las personas devueltas a sus ciudades fronterizas del norte para volver a aplicar el programa. Pero México señaló que todavía necesita ciertas garantías de Estados Unidos antes de estar dispuesto a acoger a los solicitantes de asilo con casos judiciales pendientes en Estados Unidos, incluyendo la financiación de los albergues y organizaciones sin ánimo de lucro a lo largo de la frontera que tendrán que apoyar a los retornados.

Entre sus “preocupaciones humanitarias”, México pidió mejoras significativas en las condiciones para los que esperan en el programa, incluido el acceso a los abogados. En septiembre de 2019, a unos nueve meses de iniciado el programa, únicamente alrededor del 1 por ciento de los inscritos había logrado encontrar abogados.

México también dijo que Estados Unidos tendría que agilizar al máximo los casos en el programa para acortar el tiempo de espera de los solicitantes de asilo en México y que Estados Unidos tendría que garantizar el acceso a la atención médica y a las vacunas COVID-19.

La declaración pedía que Estados Unidos eximiera del programa a personas de categorías vulnerables, como menores no acompañados, personas embarazadas, personas con enfermedades físicas o mentales, solicitantes de asilo de edad avanzada, miembros de la comunidad LGBTQ+ y solicitantes de asilo indígenas monolingües, entre otros.

Fotografía: uniradio informa

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