En mayo de 2020 el presidente Andrés Manuel López Obrador dispuso que la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y la Secretaría de Marina (Semar) realizara tareas de seguridad pública de manera extraordinaria, regulada, fiscalizada, subordinada y complementaria con la Guardia Nacional.

Tras la publicación del acuerdo en el Diario Oficial de la Federación, la entonces presidenta de la Cámara de Diputados, Laura Rojas, promovió una impugnación ante la Suprema Corte.

El caso fue atraído por la Primera Sala en donde la ministra Margarita Ríos Farjat propuso declarar infundada la controversia constitucional.

La controversia podría ser enviada al Pleno de la SCJN para su discusión hasta 2022.

El presidente López Obrador resaltó ante esto,  no utilizar a las Fuerzas Armadas en labores de seguridad pública.

Fotografía: tercera  vía

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