La propuesta que es diferente a la presentada por la administración de Joe Biden en febrero pasado, no incluye la vía a la ciudadanía y forma parte del paquete presupuestario por 2 billones de dólares en iniciativas.

Si es aprobada por el Senado, la medida permitiría a los indocumentados desde antes de 2011 hasta 10 años de autorización para trabajar, pero sin alcanzar la meta inicial de ofrecerles un camino a la ciudadanía.

La iniciativa de ley, que aún deberá sortear el voto del Senado, ha sido aprobada a sólo unas horas de celebrada la cumbre tripartita entre México, Estados Unidos y Canadá, en la que el presidente Andrés Manuel López Obrador hizo una defensa de la comunidad migrante.

La disposición ofrece  un proceso conocido como libertad condicional para permitir que las personas permanezcan en el país durante cinco años, con la opción de extenderla por otros cinco.

Aproximadamente 6.5 millones de personas se beneficiarían directamente de la medida, según un análisis de la Oficina de Presupuesto del Congreso.

 3 millones de esas personas serían elegibles para pasar del estado de libertad condicional a la residencia legal permanente.

La representante demócrata por Texas, Verónica Escobar, lamentó que el paquete finalmente se redujo a protecciones mediante una década de autorización de trabajo. “Si bien eso es absolutamente inadecuado, esto proporcionaría la capacidad para que muchas de estas personas increíbles puedan ir a trabajar todos los días sin temor a represalias o miedo a la deportación”, aseveró.

El proyecto también incluye la recuperación de visas, evitando la pérdida de unas 222 mil de estos permisos familiares no utilizados y 157 mil visas basadas en el empleo, que expiraron al final del último año fiscal.

Fotografía: dw

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