Arturo Zaldívar, recibió a un grupo representativo de exfuncionarios del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) y exmiembros del Foro Consultivo Científico y Tecnológico, denunciados por la Fiscalía General de la República (FGR) por distintos delitos.

La Suprema Corte detalló que el ministro presidente escuchó las inquietudes de científicos y exfuncionarios, a quienes reiteró que el Poder Judicial de la Federación seguirá actuando con independencia e imparcialidad.

El caso se remonta a 2019 cuando Conacyt decidió cancelar el financiamiento que se otorgaba al Foro Consultivo Científico y Tecnológico A.C.

La dirección de Conacyt argumentó que el Foro realizaba funciones que ya estaban a cargo del Consejo y que no tenían por qué adjudicarse a terceros, además de que presumió irregularidades en la asignación de recursos.

Foro Consultivo Científico y Tecnológico promovió un amparo ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que fue desechado.

Los ministros de la Corte determinaron que el financiamiento al Foro se realizó al amparo del marco legal que existía en aquel momento.

Conacyt acusó entonces que entre 2013 y 2018 se implementó un esquema a través del Foro para recibir alrededor de 200 millones de pesos “para el sostenimiento de una amplia plantilla de personal administrativo y de investigadores”.

Con el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, el presupuesto excedió lo necesario para el cumplimiento de las funciones del Foro.

La asociación civil se defendió entonces señalando que “en el último año y medio se invirtió 0.36 por ciento en telefonía celular; 0.67 por ciento en bocadillos; 7 por ciento en servicios generales; 18.92 por ciento en servicios personales para la administración y operación, y 70.7 por ciento en el desarrollo de proyectos”.

Conacyt denunció a 31 científicos e investigadores, que encabezaban los Comités Técnicos de Administración (CTA), a través de los cuales se aprobaban los proyectos que a su vez, se asignaban al Foro.

El dinero se aprobó siguiendo los procedimientos adecuados. No es dinero que pasó por nuestras manos ni hay recursos escondidos en cuentas secretas personales o propiedades, ni riquezas inexplicables. Eso se puede verificar si lo indagan”.

La Fiscalía General de la República atrajo el caso y en agosto pasado oficiales de la Fiscalía Especializada en Delincuencia Organizada (FEDO) comenzaron a visitar a los investigadores denunciados para verificar su domicilio y notificarles de la existencia de una investigación penal en su contra.

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