Smith & Wesson; Barrett Firearms; Colt’s Manufacturing Company; Glock Inc; Sturm; Ruger & Co; Beretta USA Corp; Beretta Holdings SPA; Century International Arms; Witmer Public Safety Group, y D/B/A Interstate Arms son las empresas denunciadas.

Las compañías solicitaron ante la Corte de Distrito de Massachusetts responder a los señalamientos en bloque a fin de minimizar la carga tanto para ambas partes como para las autoridades.

El pasado 17 de septiembre el juez federal Dennis Saylor aceptó la petición y dio a los fabricantes de armas hasta el 22 de noviembre para presentar su respuesta a la demanda del Gobierno de México.

Recibida la respuesta las autoridades mexicanas tendrán hasta el 31 de enero de 2022 para responder. Se espera la contrarréplica hasta antes del 28 de febrero.

México acusó a las empresas de llevar a cabo prácticas comerciales y negligencias que facilitan el tráfico ilícito que ha profundizado la violencia en el país.

El Gobierno Federal exige una compensación económica así como que las compañías lleven a cabo un monitoreo de sus armas vendidas e incorporen mecanismos de seguridad.

Fotografía: archivo m

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