El mejor análisis que he leído sobre el paquete económico que presentó el gobierno de la 4T al Congreso, el miércoles pasado, es el del Centro de Estudios Económicos del Sector Privado (CEESP).

El gobierno dio cuenta, desde su perspectiva, de una gestión adecuada de la crisis económica y sanitaria y expuso una visión optimista de la reactivación. Sin embargo, los hechos y los indicadores recientes sugieren algo distinto: menos éxito y menos optimismo.

En resumen, el CEESP nos dice que el paquete económico para 2022 es una continuación de los planes originales, prepandemia, de la administración. Algunos aspectos son positivos, como las medidas para la continuidad de la estabilidad, el régimen simplificado del ISR, mayor gasto en salud y una modesta reanimación de la inversión pública. El plan presupuestario es factible. Pero los ingresos públicos dan muestras de fragilidad y la orientación del gasto continúa privilegiando los intereses del gobierno en vez de las necesidades más apremiantes de la sociedad.

Trataré de hacer un resumen de los principales elementos de este análisis del CEESP.

A) Lo que el gobierno piensa de sí mismo.

1. La percepción sobre la evolución de la economía sigue siendo optimista. El discurso oficial subraya acciones para enfrentar con éxito la crisis económica y sanitaria, a fin de poner a la economía en camino a la recuperación.

2. El diagnóstico de la economía en los Criterios Generales de Política Económica (CGPE) se centra en un relato de lo que ha ocurrido en los últimos dos años, especialmente en el pasado 2020, en medio de la pandemia. El mensaje se apega a lo expuesto por el presidente en su tercer informe de gobierno.

3. La estrategia del paquete económico 2022 se enfoca en tres pilares:

a) Apoyos para el bienestar de la población más vulnerable.

b) Estabilidad y solidez de las finanzas públicas manteniendo la prudencia fiscal.

c) Apoyo a proyectos nacionales de inversión que detonan desarrollo social.

4. El paquete se caracteriza por impulsar la recuperación económica inclusiva, ser balanceado en el gasto, mostrar un manejo responsable de las finanzas públicas y una profunda vocación social.

Estos cuatro puntos confirman la intención de continuar impulsando los programas y proyectos que el gobierno ha establecido como prioritarios desde el inicio del sexenio, independientemente de las necesidades supervinientes que trajo la pandemia.

B) La realidad dice algo diferente a la versión oficial

1. En el documento de CGPE se señala que el “Gobierno de México ha tomado acciones oportunas desde 2020 para enfrentar los impactos tanto de salud, como económicos y financieros ocasionados por Covid-19”. Sin embargo, lo anterior dista de ser exacto:

a) Las acciones del gobierno durante 2020 fueron los programas sociales y de inversión determinados desde 2019, antes de que se supiera de la emergencia sanitaria. No hubo reasignaciones ni ampliaciones de programas gubernamentales significativos para mitigar sus efectos sobre las personas o las empresas.

b) Los resultados del tratamiento de la epidemia en México dejan mucho que desear. México es el cuarto país en número de decesos y el tercero en letalidad. El porcentaje de la población con vacuna completa es menor al promedio mundial. La comunicación oficial no ha provisto las señales adecuadas a la población para la prevención de contagios.

2. Las proyecciones oficiales prevén que la economía crecerá 6.3% en este año, un punto porcentual más que la estimación reportada en abril pasado en “Precriterios 2022”. Para el próximo año el pronóstico es de 4.5%, medio punto más que la estimación en ese documento. La percepción de una economía que ya está en plena recuperación es todavía apresurada.

a) La caída de la economía desde el 2019 y los efectos de la emergencia sanitaria han dejado cicatrices profundas. Ello, en ausencia de una reactivación clara de la inversión, hace difícil pensar que el crecimiento económico de mediano plazo sea siquiera el que se observó en los últimos 18 años, de alrededor de 2%, ritmo de por sí claramente insuficiente.

b) Diversos indicadores económicos apuntan a una desaceleración y parecen afectar ya los niveles de confianza. Después de una modesta recuperación en los primeros meses del año, en junio los principales indicadores mostraron señales de fragilidad. El índice general de la actividad económica (IGAE) cayó 0.9% respecto al mes anterior después de tres meses al alza, la producción industrial se redujo en 0.5% y la inversión y el consumo declinaron 1.8% y 0.8% en ese mes.

C) Los ingresos.

1. Aun cuando los ingresos públicos pudieran ser insuficientes para mantener el ritmo de gasto y la solidez de las finanzas públicas en el mediano plazo, es posible que su aumento previsto para el próximo año se logre sin nuevos impuestos.

2. Se proyectan ingresos tributarios mayores en 6.4% respecto al cierre del 2021, impulsados por un alza de 4.9% en la recaudación del ISR, un aumento de 4.5% en el cobro de IVA y uno de 19.4% en la recaudación por IEPS.

3. Se proponen medidas que maximicen la recaudación tributaria y faciliten el cumplimiento voluntario, además de promover la formalización y el aumento en la base de contribuyentes. Se busca disuadir conductas que inhiban el cumplimiento de las obligaciones fiscales, y que fomenten la competitividad y el crecimiento.

a) Se crea el Régimen Simplificado de Confianza para personas físicas con actividad empresarial, profesionistas, arrendatarios y los que se dedican al sector primario, y que reciben ingresos de hasta 3.5 millones de pesos anuales. Establece cuotas fijas basadas en los ingresos y elimina la necesidad de realizar cinco trámites y llevar registros de contabilidad con terceros para cumplir con las obligaciones en materia de ISR, al pasar a un cálculo automatizado con información pre-cargada.

b) A las personas morales constituidas por personas físicas y con ingresos de hasta 35 millones de pesos al año se les permitirá tributar con base en los ingresos efectivamente recibidos, en lugar de los devengados, para darles mayor liquidez. Asimismo, se les otorgará el beneficio de una depreciación más acelerada que la del régimen general, a fin de fomentar la inversión, la creación de empleo y una recuperación económica más rápida en 2022.

4. Se propone continuar el combate a esquemas de elusión y evasión fiscal. El trabajo del Servicio de Administración Tributaria (SAT) será fundamental para cumplir con las metas de fiscalización. Es claro que la confianza que logre generar este conjunto de medidas deberá reflejarse en mejoras recaudatorias.

D) Lo que la realidad dice de los ingresos.

1. El éxito de las metas de recaudación también depende del mayor crecimiento económico previsto, el cual puede ser demasiado optimista y eso es un riego para las finanzas públicas. La estructura general de las finanzas públicas sigue mostrando signos de debilidad y una deficiente asignación del gasto.

2. Se ha puesto en evidencia la fragilidad de las fuentes de ingresos recurrentes, que en la primera mitad del gobierno ha sido compensada con fuentes no recurrentes como la liquidación de fideicomisos, incluidos los de desastres naturales y previsiones para gastos catastróficos de salud, así como los fondos de estabilización.

3. Dependiendo de la efectividad de las medidas de simplificación de impuestos y la fiscalización anunciada, es probable que a la larga la necesidad de mayores recursos sea manifiesta y, en algún momento, ello podría demandar más impuestos, medidas más estrictas para elevar la recaudación fiscal o menor gasto público.

E) El análisis final del CEESP sobre algunos puntos clave del paquete:

1. Se estima que los ingresos petroleros tendrán una disminución de 2.6% en el 2022 respecto al cierre estimado para este año. La reducción se debe a una disminución en el pronóstico del precio del petróleo, que pasa de 60.6 dólares por barril a 55.1 para 2022. Se afirma que los ingresos del gobierno federal provenientes de la exportación de crudo serán cubiertos al 100%, pero no se aclara el costo presupuestado para ello.

2. El plan de gasto público para 2022 confirma las prioridades oficiales al fortalecer su destino hacia los programas insignia del gobierno. El gasto social es de carácter mayoritariamente asistencial, carece de incentivos y mecanismos para erradicar la pobreza y ha fallado en beneficiar más a la población más pobre en el corto plazo. Adicionalmente, el gasto de inversión en buena medida se vierte en proyectos de dudosa rentabilidad social.

3. Aunque los programas presupuestados son los mismos que en 2019 y 2020, hay algunos cambios positivos que conviene subrayar, como es el aumento de recursos para salud, que se propone elevar en 15.2%, respecto a la cifra aprobada para 2021. Se plantea un aumento de 17.7% en la inversión física; con ello, como porcentaje del PIB, la inversión pública física podrá subir a 3.1%, después de haber representado 2.4% en el primer trimestre de este año.

4. El énfasis continúa en los programas y proyectos que han sido prioritarios para el gobierno. Se les canalizarán 577.9 mil millones de pesos (mmp), 141.3 mmp más que el año pasado. Sólo para el tren maya el presupuesto aumenta en 63.2 mmp. Para ponerlo en perspectiva, considérese que el gasto en salud aumenta 47.0 mmp, el de seguridad ciudadana 29.9 mmp y el de educación 26.4 mmp.

5. Las autoridades consideran que “la estimación de gasto contiene recursos para fortalecer el bienestar de la población, el estado de derecho, la seguridad ciudadana y un crecimiento económico inclusivo, al tiempo que se promueve un ejercicio del gasto eficiente, oportuno y transparente, con pleno apego al principio de austeridad republicana”. Sin embargo, las cifras del presupuesto sugieren otras prioridades.

6. Hay algunos rubros cuyas asignaciones presupuestarias no son claras. Por ejemplo, no hay recursos explícitos para vacunación contra la Covid 19, el programa de coberturas petroleras y el seguro catastrófico para desastres naturales.

F) En conclusión.

1. No se perciben desequilibrios que puedan generar problemas graves a nivel agregado desde el punto de vista macroeconómico.

2. Los niveles y estabilidad de los resultados fiscales y de la deuda pública como porcentaje del PIB mantienen al país con acceso a los mercados de capitales en buenos términos. El tipo de cambio y las tasas de interés -aunque muy altas- se mantienen estables.

3. A pesar del estado deprimido de la economía, no hay indicios de crisis macroeconómica y eso es sin duda saludable.

4. El paquete económico 2022 tiene algunos aspectos positivos como la simplificación fiscal y el fortalecimiento de la fiscalización así como los mayores gastos para salud e inversión física pública.

5. El presupuesto continúa privilegiando las políticas que el gobierno se fijó desde un principio, que en algunos casos han probado ya su ineficiencia y en otros no tienen prueba de su rentabilidad social.

6. No atiende de manera suficiente las necesidades más apremiantes agudizadas por la reducción del PIB -desde 2019- y por la pandemia.

Columna de

SDP Noticias

Foto: Javier Treviño

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