A través de una carta enviada a la Cancillería chilena, México inició los trámites para lograr la extradición del ex diputado federal Mauricio Toledo, quien fue desaforado y pesa sobre él una orden de detención por un presunto enriquecimiento ilícito.

El medio La Tercera de Chile reportó que el parlamentario se encuentra en ese país y apuesta por que la Corte Suprema niegue el requerimiento de las autoridades mexicanas.

La misiva señala que el pasado 12 de agosto se dictó una orden de aprehensión contra Toledo y se pide que se otorgue una detención preventiva con miras a la extradición. Añaden que “el presente caso es de suma urgencia, ya que se tiene conocimiento que el reclamado se encuentra en un lugar de la ciudad de Santiago que se indica en la solicitud y se teme perder su ubicación”.

El requerimiento adjunta, además, un escrito de la Fiscalía General de Ciudad de México, en que se señala el eventual periodo de prescripción de los delitos imputados, así como el detalle de los hechos por los cuales Toledo es investigado.

La posible fecha de prescripción sería el 30 de mayo de 2025, “en consideración a que los hechos que se le imputan a Mauricio Alonso Toledo Gutiérrez ocurrieron desde el 12 de mayo de 2012, cesando los mismos el 30 de mayo de 2018, en la época del ilícito que se le atribuye al reclamado, se sanciona con una pena de 2 a 12 años de prisión, por lo que el término medio aritmético es de 7 años”.

Luego, el escrito indica que Toledo ha ocupado diversos cargos públicos en México, entre los cuales se incluyen diputado local, diputado federal y jefe delegacional en Coyoacán. En junio de este año fue electo como diputado de mayoría en el distrito 5 de San Martín Texmelucan, en Puebla, sin embargo ya no logró rendir protesta a su cargo.

A Toledo lo acusan de adquirir una finca por 5.5 millones de pesos, ubicada en San Miguel Xicalco, Alcaldía de Tlalpan, Ciudad de México, cuando sus ingresos como servidor público, desde 2009 hasta que compró la finca en febrero de 2011, ascienden a 3.5 millones de pesos.

Es decir, Mauricio Gutiérrez solo acreditaba el 63 por ciento del precio pagado por la propiedad respecto de lo adquirido como concepto de sueldo.

Foto: archivo m

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