En Pemex y en la Comisión Federal de Electricidad (CFE), en las negociaciones laborales, las autoridades públicas siempre han seguido la práctica de que en vez de ceder a demandas de mayores incrementos salariales, para que no presionen sobre sus finanzas en el momento de la negociación, han privilegiado el otorgar mejores prestaciones laborales con cargo a las jubilaciones, para postergar el impacto que ello tiene sobre sus finanzas. El problema de esta práctica es que desde hace tiempo ya estamos resintiendo el impacto económico de esas concesiones, que han sobreendeudado y descapitalizado a tales empresas.

La casta sindical privilegiada y funcionarios de la CFE y de Pemex, se sigue imponiendo, y las autoridades ceden, a pesar de los problemas financieros de tales empresas.

En la última revisión del contrato laboral con el sindicato de la CFE, éste logró mejores condiciones para la jubilación de sus trabajadores. Antes, para jubilarse, en el caso de hombres se requerían 30 años de servicios y tener 65 años de edad o 40 años de servicio sin límite de edad y ello se cambió a 25 años de servicio con 55 años de edad o 30 años de servicio sin límite de edad. En el caso de mujeres se pasó de 30 años de servicio y 60 años de edad o 35 años de servicio sin límite de edad, a 25 años de servicio sin límite de edad. Si bien ello pasa a actuar a favor de dichos trabajadores, representa un alto costo tanto para la empresa, como para las finanzas públicas. En el 2020, la relación entre el pago de jubilaciones y pensiones, respecto a la inversión física realizada por la CFE, fue de 102.5%. Es decir, se canaliza más al pago de pensiones que a la inversión, lo que pasa a comprometer el desarrollo de la empresa, y más ahora que con la Reforma a la Industria Eléctrica tiene que recuperar su papel protagónico en dicho sector y avanzar en las energías limpias.

Hay que tomar en cuenta que la gran mayoría de los trabajadores en el país (ahora con la crisis alrededor de 70%), están en la economía informal, y/o en los outsoursing, o desempleados, donde no son sujetos a las jubilaciones. Por otro lado, las jubilaciones de los trabajadores que cotizan en las Afores, a lo mucho representarán alrededor de 25% de su último salario mínimo (debido a que quien gana son las Afores y no los trabajadores), siempre que hayan cumplido las 1250 semanas de cotización y la nueva ley establece que aquellos que cubran 1000 semanas de cotización se les garantizará un salario mínimo de jubilación, que no asegura niveles de subsistencia. Ello contrasta con las altas jubilaciones que perciben los jubilados de la CFE, de Pemex, del Banco de México, de Nacional Financiera, de la Suprema Corte de Justicia, como profesores de varias universidades públicas y otras instituciones. Esto presiona tanto sobre las finanzas de sus empresas e instituciones, como sobre las finanzas públicas. Ante la crisis actual, y el recrudecimiento del desempleo, donde menos individuos podrán cumplir con las semanas de cotización para al menos recibir un salario mínimo de jubilación, y donde la gran mayoría de los trabajadores y desempleados no son sujetos a jubilación alguna, no se pueden mantener jubilaciones de lujo a unos afortunados jubilados de las empresas e instituciones antes señaladas, que perciben jubilaciones mensuales de hasta 300 mil pesos y más.

Para terminar con tales privilegios, el Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo presentó una Iniciativa para Reformar las Pensiones en el país, la cual se publicó en la Gaceta Parlamentaria el 22 de noviembre de 2018, donde se propone poner un tope a todas las jubilaciones del país, a 15 salarios mínimos mensuales, que coincide con el límite que tienen las jubilaciones en España, que es de 2 mil euros mensuales. Nadie en dicho país obtiene una jubilación mayor a esa.

Es importante señalar que ninguna prestación individual o sindical, puede estar por arriba de los propósitos nacionales de crecimiento, empleo e igualdad. Las estratosféricas jubilaciones en Pemex y la CFE han limitado la capacidad de gasto e inversión de los sectores estratégicos del país, frenando ello el crecimiento económico, el empleo y la distribución del ingreso. Al eliminarse estas jubilaciones privilegiadas, se frenaría la descapitalización y el sobreendeudamiento de Pemex y la CFE, y además se reducirían las presiones sobre las finanzas públicas, que estas y otras jubilaciones privilegiadas presentes en otras instituciones ocasionan al gobierno.

ahuerta@unam.mx

Profesor del Posgrado de la Facultad de Economía de la UNAM desde 1975

Opinión de Arturo Huerta González en julioastillero.com

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