Paso a paso, amago tras amago, el presidente López Obrador luce obstinado en la intimidación contra el Poder Judicial, para lo que parece contar con el respaldo -por omisión o sumisión- del ministro Arturo Zaldívar, cabeza de este órgano del Estado diseñado constitucionalmente para hacernos iguales a todos ante la ley y ejercer de contrapeso ante excesos del Ejecutivo.

Más allá de coyunturas, como la suspensión inicial dictada por un juez de distrito contra la reforma eléctrica, el presidencialismo mexicano avanza en el debilitamiento de una instancia que, con deficiencias y aun vicios, ha sido fundamental en los equilibrios democráticos durante el último cuarto de siglo. El actual retroceso incluye que la 4T ha colocado a personajes afines, en número creciente, tanto en el pleno de la Corte como en el Consejo de la Judicatura Federal, un patrón que se prevé resulte agravado este año.

López Obrador sostuvo ayer un intercambio epistolar con Zaldívar que será referente obligado para lo que venga, y materia de estudio en las escuelas de Derecho, no únicamente por las injurias implícitas en la misiva presidencial, sino por la tibieza de la respuesta y en general, por el silencio de quienes, en esta hora, debieron alzar la voz.

La pregunta, entonces y ahora, será quién desde su primer círculo invita al Presidente a la prudencia y a la institucionalidad. ¿Quién lo rescata de sus mensajes que no comunican ni explican, sino sólo provocan? ¿Quién busca evitar su deriva entre gobernante, líder de un movimiento político y ciudadano? ¿La secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, ella misma ministra por 15 años? ¿El consejero jurídico, Julio Scherer Ibarra, abogado de larga trayectoria y aliado clave? ¿Quién desde el gabinete, el Congreso, las gubernaturas leales…? 

La carta de Zaldívar es ya contrastada con el discurso de uno de sus antecesores, hace nueve años, justo por estas fechas, frente a otro mandatario irritado públicamente por resoluciones judiciales contrarias a actos de su gobierno. Así se expresó el 21 de marzo de 2012, en ceremonia oficial, el entonces ministro presidente Juan Silva Meza, hoy retirado, ante Felipe Calderón.

“(Benito) Juárez restauró a la institución a la que hoy pertenecemos (…). Fue un estadista respetuoso y cuidadoso de la exacta aplicación de la ley, hasta el extremo y el sacrificio personal. Juárez entendía bien que en las formalidades de la ley descansaban la dignidad y credibilidad de la República. Por eso, en cada uno de nuestros actos, honramos nuestro origen y nuestra encomienda.

“La lección fue como siempre, exacta: sacrifiquemos lo que sea necesario, los intereses personales, los intereses partidistas, los intereses políticos, los intereses económicos, para así, desde la Constitución y la ley, proteger y ponderar entre todos, los derechos de todos (…). Un país en el que imperen la justicia y la igualdad, no la arbitrariedad; justicia basada en instituciones y procesos que hagan que sea justicia de verdad; no el abuso del poder, paso previo al autoritarismo y a la impunidad; no la creencia de que la ley puede cumplirse a capricho.

“Hoy, los jueces seguimos estando dispuestos a ver siempre por el interés superior; a poner por delante el bienestar de todos; a corregir, a costo presente, las desviaciones y los abusos del poder que desborden los cauces constitucionales. Eso quiere la sociedad, eso nos manda la Constitución y, eso, nada más eso, será lo que haremos. Habremos de conducir este proceso con valor, inspirados en el amor a la nación, en la creencia en un país democrático y justo, que es el país que más nos conviene a todos”. 

Columna de Roberto Rock L.

El Universal

Foto: Archivom

cdch