La Fiscalía General de la República (FGR) exoneró al general Salvador Cienfuegos Zepeda, desechando la información que habían proporcionado las autoridades estadounidenses luego de su liberación.

Mediante un comunicado, informaron que la FGR determinó no ejercer acción penal contra el General, quien también fue absuelto por la justicia en Estados Unidos.

De esta forma, la FGR desechó la información proporcionada por la DEA en contra de Cienfuegos, al no considerarla “concluyente”.

Desde 2013, durante la administración gubernamental pasada en México, la Agencia Antidrogas de los Estados Unidos de América (DEA), inició sin el conocimiento y sin la colaboración de dicha administración mexicana, una investigación de delitos contra la salud, en donde se involucraba al entonces Secretario de la Defensa Nacional, General de División Salvador Cienfuegos Zepeda.

Esa investigación la continuó ese organismo que combate a las drogas en el gobierno norteamericano, durante la presente administración, sin haber tampoco informado a las autoridades mexicanas sobre el caso.

El 15 de octubre de 2020, agentes policiacos de ese organismo norteamericano detuvieron al General mexicano Salvador Cienfuegos Zepeda, en el aeropuerto de la ciudad de Los Ángeles, California, sujetándolo a proceso, por delitos contra la salud y lavado de dinero.

Después de cinco semanas el Departamento de Justicia de los Estados Unidos de Norteamérica le solicitó a la Jueza que conoció del caso en ese país, que desestimara los cargos en contra de dicha persona; y la Jueza Federal correspondiente estimó procedente tal petición.

Durante el lapso de su detención, y después de haber sido ya informada sobre el procedimiento, la Fiscalía General de la República (FGR), solicitó y recibió las pruebas que enviaron las autoridades norteamericanas respecto a ese caso.

El 18 de noviembre de 2020, el General Cienfuegos fue entregado por las autoridades norteamericanas, al Ministerio Público Federal (MPF) mexicano, que sujetó al procedimiento legal correspondiente a dicha persona, respetando su derecho constitucional a la presunción de inocencia, en razón de que los cargos en su contra habían sido desestimados por las autoridades norteamericanas y la investigación en México se encontraba en su fase inicial.

El 9 de enero de 2021, el señor General Cienfuegos conoció las imputaciones hechas por las autoridades norteamericanas, así como las investigaciones realizadas por la Fiscalía General de la República en el caso, teniendo acceso a todo el expediente, como corresponde a esa fase procesal.

A partir de esa fecha, dicha persona ha aportado sus elementos de prueba; y la Fiscalía General de la República llevó a cabo todas las acciones necesarias para obtener las evidencias indispensables en este caso.

Del análisis correspondiente, se llegó a la conclusión de que el General Salvador Cienfuegos Zepeda nunca tuvo encuentro alguno con los integrantes de la organización delictiva investigada por las autoridades norteamericanas; y tampoco sostuvo comunicación alguna con ellos, ni realizó actos tendientes a proteger o ayudar a dichos individuos.

Tampoco se encontró prueba alguna de que hubiera utilizado ningún equipo o medio electrónico, ni que hubiera emitido orden alguna para favorecer al grupo delictivo señalado en este caso.

Del análisis de su situación patrimonial y el cumplimiento de sus obligaciones fiscales, no apareció dato alguno o síntoma de obtención de ingresos ilegales o acrecentamiento de su patrimonio fuera de lo normal, de acuerdo con sus percepciones en el servicio público.

Por los motivos anteriores, y con base en los razonamientos y pruebas en la carpeta correspondiente, la Fiscalía General de la República, a través de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO), ha determinado el no ejercicio de la acción penal, en favor del General Salvador Cienfuegos Zepeda.

Tras su detención en Los Ángeles, se supo que la DEA investigaba al general Salvador Cienfuegos por tráfico de drogas y lavado de activos, acusación que fue desestimada a mediados de noviembre por la juez Carol Amon de la Corte del Distrito Este de Nueva York.

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