Venustiano Carranza, Pue.- El Comité Escolar de Administración Participativa (CEAP) de la primaria Expropiación Petrolera, en la junta auxiliar de Lázaro Cárdenas, denunció una serie de presuntos actos de corrupción e intimidación durante el proceso para obtener un recurso aprobado a través del programa “La Escuela es Nuestra”. 

A través de un comunicado, los padres de familia acusaron que derivado de las quejas que interpusieron ante la delegada del programa Bienestar, Lizeth Aguirre Ortiz, les fue retirado el beneficio, por lo que ahora exigen una investigación a fondo en torno al caso. 

Según la denuncia pública, los integrantes de dicho comité fueron citados por representantes del programa, quienes notificaron del beneficio al que su institución fue acreedora. 

Compartieron que les indicaron que se les aclaró las formas en las que sería distribuido el recurso, pero que se requería una cotización en calidad de urgente, misma que debían presentar lo antes posible de lo contrario el recurso se perdería. 

Los padres de familia acusaron que esta exigencia se dio con la intención de beneficiar a allegados de los responsables del programa, puesto que recomendaron forzosamente el servicio de unos asesores, quienes al realizar la cotización tenían que llevarse un porcentaje de la obra y la ejecución de los trabajos en la escuela beneficiada. 

Debido a que no accedieron a la propuesta, porque consideraron que había padres de familia capaces de realizar dicha cotización, empezó la negativa de los representantes del programa, de entre los que citaron a Irene Martínez Domínguez y Eduardo Yañez Rosales. 

Dijeron que acudieron en tiempo y forma a entregar la documentación, sin embargo, no les firmaron de recibida la cotización, además de que acusaron un trato “prepotente, grosero y vulgar”. 

En el comunicado se lamenta la forma de operar en estos programas federales para beneficiar a terceros, a quienes se les asignan obras que dejan jugosas ganancias, incluso hasta para los representantes del programa. 

Los quejosos insistieron en una investigación sobre el caso, pues acusaron que cumplieron con todos los requisitos solicitados, pero no a los chantajes e intimidaciones de los que fueron objeto.

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