El 18 de septiembre, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, se burló del número de masacres ocurridas en el país durante los primeros nueve meses de 2020, mismas que registraron 320 personas asesinadas en 20 estados. López Obrador, en su conferencia mañanera de ese día, ordenó a sus ayudantes que le pusieran en pantalla la portada del diario: “A ver pon la primera del Reforma, en una de esas la encontramos. Ahí está, mira. ¡Ahí están las masacres!, je, je, je”, se río el presidente.

            ¿Un análisis sobre el problema? ¿Un mensaje a los familiares para hacer justicia? ¿Una evaluación sobre el sistema de seguridad en México? ¿Un mensaje de dolor? ¿Algo que nos diga que aquí hay un presidente? ¡Nada de eso! López Obrador se rió de las masacres. Días antes, el 1º de septiembre, durante su II Informe de Gobierno, el presidente afirmó que en el país “ya no hay torturas, desapariciones ni masacres; se respetan los derechos humanos y se castiga al culpable sea quien sea”. La 4T se ha acostumbrado a mentir y a reír para no analizar.

            En Oaxaca, el secretario de Gobierno, Héctor Anuar Mafud, le copió la actitud al presidente mexicano cuando los antorchistas denunciamos que, en Santo Domingo Yosoñama, un grupo de sicarios preparaba una masacre. Esto es así porque en una reunión con el secretario de Gobierno, el 1º de octubre, el Comisario de Bienes Comunales de Yosoñama le informó que cerca de la comunidad se habían apostado grupos de criminales que portaban armas largas y que este despliegue era difundido por amenazas de asesinato publicadas en las redes sociales. La Secretaría General de Gobierno de Oaxaca no hizo mayor caso del anuncio, ni del despliegue armado ni de las amenazas y citó a una reunión casi por pura formalidad para el día siguiente. A esa reunión acudiría, se nos dijo, además de los antorchistas de Yosoñama, la Fiscalía General del Estado, la Guardia Nacional, la Secretaría de Seguridad Pública Estatal, con el objetivo de diseñar estrategias para brindar seguridad en la zona. La reunión se realizó, pero no hubo ni una estrategia clara de prevención del delito.

Conclusión. La mañana del 5 de octubre, un grupo de sicarios bajo las órdenes de los caciques de San Juan Mixtepec masacró a un grupo de ciudadanos de Santo Domingo Yosoñama. El resultado: tres comuneros asesinados y dos más heridos de gravedad. Los asesinados fueron sepultados por una comunidad que, desde hace 10 años por lo menos, ha sufrido secuestros masivos, masacres espantosas, agresiones mediáticas y la absoluta indiferencia de todos los gobiernos estatales. Los autores: los caciques de San Juan Mixtepec, que se quieren adueñar de 1,740 hectáreas de terreno de Yosoñama, ubicado en la zona mixteca del estado.

Los antorchistas oaxaqueños, encabezados por su líder Dimas Romero González, protestaron frente a la Casa Oficial de Gobierno para exigir una audiencia con el gobernador Alejandro Murat. Pero nada, ni una palabra de respuesta. Ni un asomo de interés. Desde el gobierno estatal se extiende el silencio que parece indicar que no habrá diálogo para tratar el asunto ni justicia para encarcelar a los asesinos. Nuestra respuesta será una gran protesta en la capital de Oaxaca, el próximo jueves 22 de octubre. El silencio del gobierno deberá romperse con el grito airado de un pueblo colérico por tantos crímenes impunes.

¿Cuál es la razón de los asesinatos? Los pobladores de Santo Domingo Yosoñama, una comunidad de la Mixteca de Oaxaca, desde hace más de medio siglo son propietarios de 1,740 hectáreas de tierra, en las que trabajan para llevar alimento a sus humildes familias. Sin embargo, una resolución judicial, amañada por los caciques de San Juan Mixtepec, ordenó injustamente que se le quitara a los campesinos dueños de la tierra, para entregarla a los caciques adinerados, que son gente que tiene relaciones de muy alto nivel en los gobiernos estatal y federal. Los habitantes de Yosoñama, tratando de frenar el conflicto, se mostraron acordes con llegar a un acuerdo que dejara a las partes satisfechas a través de la aplicación de un programa federal que repartiera la tierra e indemnizara a ambos núcleos. Eso no sucedió, pese a la promesa del gobierno federal y por la negativa de los caciques de Mixtepec. Su forma de presionar a los campesinos pobres de Yosoñama ha sido brutal. Esta es la lista de los crímenes contra esta población desde 2010:

Secuestro de 39 campesinos, durante el gobierno de Ulises Ruiz: El 30 de mayo de 2010, fueron secuestrados 39 campesinos antorchistas de Santo Domingo Yosoñama, entre los cuales había cuatro niños, cuando realizaban limpieza de sus tierras de cultivo. El secuestro fue orquestado y ejecutado por el entonces edil de San Juan Mixtepec, Leonel Martínez Sánchez, quien se hizo acompañar por un comando armado. Tras la presión de Antorcha ante los gobiernos estatal y federal, los campesinos fueron liberados tras 73 días de privación ilegal de la libertad con maltrato físico y psicológico. No hubo un solo detenido por el crimen, a pesar de que había pruebas en video contra los autores intelectuales y materiales. Leonel Martínez fue premiado con un cargo en el Gobierno federal.

Asesinatos de tres campesinos durante 2010, en el gobierno de Gabino Cué Monteagudo: El 7 de agosto fue asesinado a balazos Simón Antonio Santos, en el paraje Agua Paloma. El 23 de septiembre, fue ultimado Isidoro Hernández José, en el paraje Claro de Sol; su cuerpo nunca pudo ser recuperado por sus familiares. El 24 de octubre fue asesinado Pedro Guzmán González, en el paraje Portezuelo de la Paz.

            Asesinato de Miguel Cruz José, durante el gobierno de Gabino Cué: el 24 de diciembre del mismo año fue asesinado a balazos en pleno centro de Tlaxiaco Miguel Cruz José, líder de Antorcha en la región de la Mixteca de Oaxaca y, por ende, en Santo Domingo Yosoñama. Miguel Cruz José era, al momento de su asesinato, integrante de la Dirección Nacional de Antorcha. Las pocas investigaciones que se hicieron fueron bastante superficiales, nada serias y, por tanto, con cero credibilidad.

Asesinato de 11 campesinos y niños de Santo Domingo Yosoñama, durante el gobierno de Gabino Cué: A las 7:00 am del sábado 14 de diciembre del año 2013, a unos 300 metros del paraje Las Tres Cruces, sobre la carretera que conduce al municipio de Tlaxiaco, fueron asesinados 11 indígenas, entre los que se encontraban tres niños y varias mujeres. Los criminales, no contentos con masacrar a balazos a los campesinos, sus mujeres e hijos, le prendieron fuego a la camioneta en que viajaban para crear un escenario dantesco y bestial; los deudos sólo pudieron recuperar los restos de sus familiares horriblemente desfigurados. De este multihomicidio tampoco hay investigaciones serias y, como en los demás, los asesinos gozan de impunidad.

Asesinato de otro campesino antorchista, durante el Gobierno de Gabino Cué: El 30 de abril de 2015, a las diez de la mañana, fue asesinado por un grupo armado presumiblemente originario de San Juan Mixtepec, Andrés San Juan José, originario de la población de San Isidro Yosoñama, y herido de bala Rodrigo Antonio Ventura, originario de Sabinillo. Ambos fueron emboscados en el paraje Llano de Gavilán, dentro de la zona limítrofe entre San Juan Mixtepec y Santo Domingo Yosoñama, cuando se encontraban pastoreando a su ganado. Una vez más: cero detenidos.

Asesinato de cuatro campesinos antorchistas, una jovencita y un niño, durante el gobierno de Alejandro Murat. El miércoles 8 de agosto de 2018, a las 5:00 de la mañana, en la carretera que corre de Santa Catarina Yutandú a Tezoatlán de Segura y Luna, a la altura del paraje Rancho Señor, un comando armado asesinó, con una saña brutal, a un campesino adulto, tres mujeres, una jovencita de 17 años y un niño de 10 años, cuando viajaban en un taxi para realizar sus actividades del día. El carro recibió tantos impactos de bala como para dejar los cuerpos de las víctimas irreconocibles, es decir, para deshacerlos a balazos. Otro joven de 19 años quedó gravamente herido.

Asesinato de Apolinar Ventura Paz de 34 años de edad, originario de la localidad de Sabinillo, quien el domingo 7 de octubre del 2018, mientras recogía leña con su esposa,  fue emboscado por sujetos desconocidos, en el paraje conocido como Agua Paloma.  A todos esos crímenes, se les suma la masacre ocurrida el 5 de octubre.

En total, 39 secuestrados, 27 asesinados (contando a jovencitas y a niños) y cerca de 10 heridos de bala. Es la práctica del exterminio que nadie quiere frenar.

El Movimiento Antorchista Nacional exige castigo para los culpables del dolor y las muertes contra una población indefensa y humilde que, sobre su propia pobreza, deben sobrevivir al terror. Y también exige que, tanto el gobierno local, como el federal, pongan punto final al conflicto agrario entre Mixtepec y Yosoñama, que es foco de sospecha en este último crimen y que ha sido motivo de tensión entre dos comunidades indígenas que tienen el derecho de vivir y trabajar en paz y armonía. Alejandro Murat debe aplicar la justicia ipso facto y dejar de hacer oídos sordos. Los oaxaqueños y el antorchismo se lo reclaman.

Aquiles Montaño Brito

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