Con una controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los 10 gobernadores que conforman la Alianza Federalista pretenden evitar que el presidente López Obrador y su gobierno, se queden con los 68 mil millones de pesos que le quitarán a los 109 fideicomisos y fondos que desapareció la semana pasada la mayoría de Morena en la Cámara de Diputados por instrucciones presidenciales. Los mandatarios estatales de Jalisco, Nuevo León, Guanajuato, Chihuahua, Tamaulipas, Aguascalientes, Coahuila, Colima, Durango y Michoacán anunciaron que con las impugnaciones que presentará cada uno ante la Corte se busca impedir que los recursos acumulados en los fideicomisos sean catalogados como “producto excedente” en el gasto federal, lo que le daría al presidente la facultad de utilizarlos discrecionalmente y se consumaría un “agandalle” de recursos públicos por parte del Ejecutivo federal.

El anuncio de los mandatarios, después de una reunión que tuvieron ayer en Aguascalientes, representa la primera acción legal y constitucional en contra del dictamen aprobado la semana pasada en la Cámara de Diputados, que decretó la extinción de fondos y fideicomisos que financiaban actividades tan importantes como la investigación científica a través del Conacyt, la cultura y el cine, el deporte de alto rendimiento, la cobertura para desastres naturales, entre otros sectores y actividades que protestaron fuertemente por la decisión de los legisladores a partir de una orden directa que la bancada de Morena recibió del presidente López Obrador. La inconformidad que generó esa extinción, que aún debe ser ratificada por el Senado de la República, dio pie para que los gobernadores decidieran combatirla en la Corte.

De lo que se trata, explicó ayer el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, es de que todos los 10 estados acudan cada uno a interponer una Controversia Constitucional, aprovechando la facultad que les da la Carta Magna, para pedirle a los ministros que revisen, no la decisión de extinguir los fideicomisos, que aún no es un acto consumado, sino la intención del Ejecutivo federal de catalogar los casi 70 mil millones de pesos que se obtendrían de esa eliminación como un “recurso o producto excedente” para el gasto público federal, porque al convertir todo ese dinero a esa categoría, prácticamente se le daría manga ancha al presidente López Obrador para que disponga como lo desee de esa bolsa multimillonaria, pues los excedentes se pueden manejar libremente y sin etiquetarlos, con total discrecionalidad.

Por su parte el mandatario de Chihuahua, Javier Corral, quien mantiene un pleito abierto y público con el presidente, cuestionó que detrás del argumento presidencial de desaparecer los fideicomisos “por la corrupción”, hay una intención política oculta de concentrar cada vez más recursos, facultades y poder en el gobierno central, en detrimento de los otros Poderes del Estado mexicano y de los propios poderes estatales. “Literalmente es un agandalle, hay reconcentración de todos estos recursos a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público… esta eliminación de los fideicomisos es otra agresión más en contra del federalismo. Se confirma la dinámica de reconcentración de facultades, de competencias y de recursos, con el parapeto del combate a la corrupción, de la austeridad, de la transparencia; en realidad lo que buscan es generar una discrecionalidad política para manejar estos recursos hacia un año eminentemente electoral que es 2021”, comentó el chihuahuense.

Otras de las acciones que propusieron los gobernadores de la Alianza Federalista para evitar que el Congreso termine de extinguir los fideicomisos es que los propios beneficiarios interpongan “amparos masivos” en contra de la desaparición de esos instrumentos de financiamiento. “No somos los estados los que estamos pidiendo el recurso, no somos los estados los que directamente estamos siendo afectados, indirectamente estamos siendo afectados, pero muy especialmente han sido los usuarios”, dijo el gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, para quien también hay un uso político-electoral detrás de la estrategia federal contra los fideicomisos: “Estamos hablando de casi 70 mil millones de pesos, en pocas palabras, lo quiere utilizar con fines político-electorales, es de todos conocido que es para eso que lo quiere, y no saben ni cómo ocultar esta situación”.

Veremos en qué termina la ofensiva constitucional que anuncian los 10 estados que conforman la rebelde Alianza Federalista y qué respuestas da la Suprema Corte a las controversias que planean iniciar los mandatarios estatales, sobre todo porque después del fallo de los ministros a favor de la Consulta Popular para enjuiciar a los ex presidentes, para muchos quedó claro que el presidente López Obrador ha logrado controlar a la mayoría de los ministros, por lo que en una votación constitucional donde se enfrente el jefe del Ejecutivo Federal con los Ejecutivos de 10 estados de la República, la decisión de la Corte sobre a quién le da la razón en este asunto, sería de pronóstico reservado, pero indudablemente, a juzgar por la última votación de los ministros, con cierta ventaja para el gobierno federal.

Se busca impedir que los recursos acumulados en los fideicomisos sean catalogados como “producto excedente” en el gasto.

Columna Serpientes y Escaleras de Salvador García Soto en El Universal

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