San Martín Texmelucan, Pue.- El polémico decreto de la edil Norma Layón Aarún que permite la privatización del servicio de agua potable en San Martín Texmelucan, estuvo a punto de ser aprobado este miércoles, por obra y gracia del presidente del Congreso, Gabriel Biestro Medinilla, quien fue frenado de última hora por la presión de siete organizaciones que lo hicieron recular, de momento, pues el proyecto ha quedado latente de volver a ser presentado al pleno del Poder Legislativo.

Lo que más llamó la atención de este asunto es que la mayor parte de las organizaciones que intervinieron para frenar la aprobación del decreto son afines a Morena y los diputados que quieren privatizar el agua son morenistas, y quien les abrió las puertas del Congreso para frenar dicho proyecto, fue el legislador Carlos Morales, del PMC, ya que la mayoría de los miembros de la bancada del Partido del Movimiento de Regeneración Nacional hicieron mutis sobre este tema.

Es decir, son los diputados de Morena los que generan el mayor molestar entre las bases morenistas. Vaya paradoja.

Los pretextos de Biestro

El 14 de mayo del año pasado, Norma Layón presentó al Cabildo un decreto, que en la fracción XIV del artículo cuarto, elimina a los 11 comités de juntas auxiliares de San Martín Texmelucan que actualmente administran el agua potable y abre la posibilidad de que una empresa privada –por acuerdo de los regidores– se haga cargo de dicho servicio público. Tal como ocurre en la capital.

Se sabe que esa es la intención de la edil Norma Layón, abrir la puerta del agua potable al capital privado, quien se asesoró de destacados morenovallistas que participaron en la privatización del servicio de agua potable en la capital del estado, a mediados del año 2014.

Esa situación provocó una airada protesta que conoció personalmente –a finales de junio del año pasado– el presidente Andrés Manuel López Obrador, quien se entrevistó con los inconformes en una comida en Atlixco, luego de una gira en San Martín Texmelucan, en donde luego de escucharlos les expresó dos ideas:

La primera: que no habría respaldo de la Presidencia de la República para privatizar el agua.

Y la segunda: les dijo a que los quejosos que “a Normita –es decir a la edil Norma Layón– no hay que destituirla… hay que ayudarla a gobernar bien”.

El caso es que los diputados de Morena, nueve meses después, se nota que poco o nada le hicieron caso al presidente Andrés Manuel López Obrador, pues quieren avalar el polémico decreto.

Hace un par de días, en San Martín se supo de la intención del Congreso de respaldar los proyectos privatizadores de la alcaldesa.

Por esa razón se formó un solo frente las organizaciones: G24, que reúne a las agrupaciones de tianguistas; al Movimiento Poblano de la 4T, que es una asociación civil plural con fuertes simpatías a Morena; la unión de mercado de San Martín Texmelucan; la Cámara de Comercio; los trabadores del Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado (Sosopatex); los representantes de 11 juntas auxiliares y colegios de profesionistas.

Todos ellos únicamente encontraron eco en el diputado local Carlos Morales, quien fue alcalde de Huejotzingo.

El legislador consiguió abrir una mesa de negociación de los inconformes con Gabriel Biestro Medinilla.

Y fue quien solicitó formalmente –junto con la diputada Vianey García– que la aprobación del decreto fuera retirado del punto 17 de la orden del día, en la sesión pública del Congreso de este miércoles.

Lo que llamó la atención a los inconformes, fue la posición escurridiza de Gabriel Biestro.

Cuando le reclamaron que nunca se consultó a la ciudadanía del tema del decreto, la contestación de Biestro fue:

Que era un asunto ajeno a los diputados de Morena, que son mayoría, sin poder aclarar entonces cómo podía haber llegado hasta el pleno del Legislativo.

Ante los cuestionamientos, el líder parlamentario optó por echarle la culpa a Ricardo Velázquez, el titular de la Consejería Jurídica del gobierno del estado.

Dijo que ya no es Norma Layón la que quiere la aprobación del proyecto, sino Ricardo Velázquez.

Luego cambió de opinión, les dijo que el fondo del asunto es que es necesario sacar del control del Sosopatex a Raymundo Martínez, quien ha sido mucho tiempo el director de ese organismo y al que habría acusado, palabras más, palabras menos, de “ya haber robado durante mucho tiempo”.

Ahí le expusieron a Biestro que todo fue al revés: Raymundo Martínez fue destituido por Norma Layón –bajo la acusación de malversar 5 millones de pesos– por no prestarse a sus planes privatizadores y meses más tarde, un juez federal ordenó restituir al funcionario en su cargo ya que nunca se presentaron ni cargos ni pruebas en su contra.

Al final Biestro se quedó sin palabras.

El asunto del decreto se regresó a comisiones.

Columna Cuitlatlán de Fermín Alejandro García/La Jornada de Oriente