Morena en el Senado promueve ahora la primera ley que sancionará hasta con 20 años de cárcel, aplicará la extinción de dominio y permitirá la prisión preventiva en contra de todo aquel que se robe la energía eléctrica, ya sea por medio de los llamados diablitos o instalaciones más sofisticadas, pues tan sólo en un año estas prácticas generaron pérdidas por 59 mil 173 millones de pesos, provocadas incluso por el crimen organizado.

Armando Guadiana, presidente de la Comisión de Energía del Senado, hizo pública su propuesta de crear la Ley Federal para Prevenir y Sancionar los Delitos Cometidos en contra de la Infraestructura y el Sistema Eléctrico, que en su parte expositiva establece que “aunque el gobierno federal inició un combate frontal contra el hurto de combustible, en el robo de electricidad todavía no marca una pauta decisiva para hacerle frente, aun cuando esta problemática también lesiona las arcas del Estado por miles de millones de pesos”.

Por primera vez, el 8 de mayo del 2018, la Comisión Federal de Electricidad (CFE) informó oficialmente al Senado que “al cierre de 2017, del total de las Pérdidas de Energía no Técnicas, las pérdidas por Delincuencia Organizada, Resistencia Civil y Asentamientos Irregulares, representan 45% y en tres Divisiones de Distribución se concentra el 51% de la energía que se pierde por esta causa, como Golfo Norte, Valle de México Sur y Valle de México Norte.

“En ocho divisiones, las pérdidas agravadas por estas tres problemáticas representan más del 40% de su total de pérdidas no técnicas, como Golfo Norte, Valle de México Sur, Valle de México Centro, Sureste, Bajío, Oriente y Golfo Centro”, dice el informe del año pasado.

Ahora, Armando Guadiana cita el primer Informe de Gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador para explicar que “de los 59 mil 173 millones de pesos que la Comisión Federal de Electricidad (CFE) perdió entre junio de 2018 a junio del 2019, por el robo de electricidad, fue a parar al crimen organizado”.

Así, el legislador federal plantea que “el Ministerio Público de la Federación procederá de oficio en la investigación y persecución de los delitos previstos en esta ley, salvo aquellos que conforme a la misma se perseguirán por querella de parte ofendida o del grupo regulador.

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cdch