Para la abogada Patricia Olamendi, exfuncionaria de la ONU y la OEA, hay una incapacidad de las autoridades de la Ciudad de México y el resto del país para garantizar el acceso a la justicia para las mujeres víctimas de violencia física o sexual, y países con un desarrollo económico menor como Guatemala o El Salvador, nos llevan la delantera.

En nuestro país “sólo dos por ciento de las víctimas de violación denuncian, allí está la encuesta de victimización”, dijo Olamendi y destacó que no se han dado las condiciones para que las mujeres confíen en la autoridad y acusen a sus agresores.

En contraste, en Colombia, Brasil y el resto de América Latina, existen las Comisarías de la Mujer, que facilitan que una víctima de agresión física o sexual denuncie, pues allí es atendida por funcionarias.

Las Comisarías de la Mujer “son áreas especializadas de la policía, donde las mujeres regularmente atienden los casos y eso garantiza que una víctima –de violencia física o sexual– sienta la confianza para poder denunciar un delito”, dijo la abogada.

Incluso “en países más desfavorecidos como Guatemala o El Salvador, están las Comisarías de la Mujer, y los juzgados especializados en violencia intrafamiliar”, explicó.

Pero en México hay una infraestructura más limitada: “no existen Comisarías de la Mujer, no hay juzgados ni policías especializados, hemos propuesto muchas veces que se abran juzgados especializados en violencia intrafamiliar, pero hay una negativa del Poder Judicial”, dijo.

Olamendi, quien formó parte del grupo de trabajo del Consejo de Derechos Humanos de la ONU sobre discriminación hacia las mujeres, afirmó que en tanto que hay alerta de género en la mitad del país se requiere cuando menos una Comisaría de la Mujer en cada municipio.

A este problema, se suma el hecho de que cuando una víctima de violación reúne el valor para denunciar ante un Ministerio Público, difícilmente se sanciona al culpable.

Si no se sanciona al individuo o al policía que comete una violación –este año en la CDMX hay 11 policías vinculados a proceso por el delito de violación– es como si les dieran un aliciente: los están invitando a que sigan cometiendo delitos similares y el mensaje es demoledor: la autoridad no está”, aseveró.

A nivel nacional, en 2019 se han abierto ocho mil 464 carpetas de investigación por violación, de éstos, 667 ocurrieron en la Ciudad de México.

Olamendi consideró que el esquema de protección a víctimas de violencia es muy limitado en México: “No tenemos un solo albergue para víctimas de violación, no tenemos un sólo albergue para las niñas víctimas de trata”.

La abogada, quien coordinó el Mecanismo contra la Violencia hacia las Mujeres en la OEA, destacó que “no es tanto el dinero que se requiere, como una cuestión de voluntad política, para garantizar un presupuesto y una infraestructura para proteger los derechos de las mujeres”.

Para Olamendi hay una situación de emergencia en el país.

A mí me descompone ver que el mayor número de feminicidios ocurren en niñas, provocados por la violencia sexual. ¿Cómo no vamos a enojarnos?, cuestionó.

Excélsior

Foto: Archivoe

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