Luis Chimal Balam es comisario del ejido de Bacalar, en Quintana Roo. Su pueblo, ubicado a unos 40 minutos en carro de Chetumal, se sitúa en los tramos donde será necesario construir las nuevas vías del Tren Maya, el megaproyecto estrella de la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador. Según una investigación cartográfica con la escasa información que las autoridades han hecho pública al respecto, en su población hay 27 kilómetros por donde pasará el ferrocarril, en los que no existe el derecho de vía para construir las líneas férreas necesarias.

“No tienen nada decidido. No saben dónde va a estar la estación ni por dónde va a pasar el tren. La ley agraria nos dice que para poner cualquier pase de vía de tren te tienen que indemnizar y expropiar para hacer los trabajos. Si lo tienen que hacer, que sea ordenado”, se lamenta al teléfono, justo un día después de haberse reunido con Rogelio Jiménez Pons, director del Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur), la dependencia encargada de su construcción. Chimal Balam, aunque no lo parezca, está a favor del proyecto.

La investigación cartográfica, realizada por el colectivo de geógrafos Geocomunes y el Consejo Civil Mexicano para la Silvicultura Sostenible, reveló que 330 kilómetros, 34% de los casi mil donde no hay rieles construidos, no cuentan con derecho de vía. Este concepto es el terreno que se requiere para la construcción y uso de una vía de comunicación o transporte.

Los caminos y su infraestructura para el Tren Maya, de acuerdo con los contratos que está licitando el Fonatur, requerirán de 40 metros de ancho. Con este dato, se calcula que harán falta mil 316 hectáreas —más de mil 800 campos de fútbol puestos en fila, o el doble del Bosque de Chapultepec— para que la administración federal obtenga ese derecho de vía y pueda construir los rieles del megaproyecto. De estas, 943 son de propiedad ejidal, lo que afecta a 40 ejidos de Yucatán, Quintana Roo y Campeche. Si no se llega a un acuerdo con los dueños, se pueden expropiar por ser “de utilidad pública”, de acuerdo con la Ley Reglamentaria de Servicio Ferroviario.

El Universal

Foto: Archivoe

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