De acuerdo con maestras de las estancias infantiles, mientras se acumulan reportes sobre el cierre de las estancias, luego del recorte presupuestal de casi la mitad, educadoras de diversos estados niegan que “se estén haciendo ricas” y ofrecieron su ayuda al Gobierno federal para ubicar el origen de la corrupción dentro del programa para sancionar a los responsables “de arriba”: delegados y coordinadores de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol).

Incluso dijeron que la Sedesol trasladaba un subsidio de 950 pesos cada mes por niño a una cuenta bancaria, pero solo si los responsables de estancias comprobaban con las listas, firmadas por los padres, la asistencia de los infantes 15 veces y por lo menos con cinco horas de permanencia.

Sin embargo, el martes, el Senador de Movimiento Ciudadano Samuel García ganó un amparo en contra del recorte presupuestal al programa, que ordena al gobierno publicar las reglas de operación de 2019. El Presidente Andrés Manuel López Obrador respondió que cumplirán lo que ordenen las autoridades judiciales, aunque no cree que “un juez ampare una irregularidad”. Finalmente se publicaron al término de esta semana en el Diario Oficial de la Federación, lo cual hace oficial la entrega directa a padres en vez de a estancias.

Por su parte, la Diputada de Morena Rosalba Valencia Cruz, Presidenta de la Comisión de los Derechos de la Niñez y la Adolescencia, aseguró en entrevista que en ningún momento se ha señalado a las maestras de corruptas y reiteró a los padres de familia que aunque hay “cambios grandes”, el programa no desaparecerá.

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