En la mayoría de los casos es inconstitucional que los mexicanos por naturalización tengan menos derechos que los mexicanos por nacimiento. Sin embargo, cambiar este principio no debería fundarse en el hecho de que a AMLO le estorba esa ley para un nombramiento. Debería ser el resultado de una discusión sobre la mejor forma de resolver la discriminación contra los mexicanos por naturalización.

Pero el nuevo gobierno trae prisa. La bancada de Morena ya presentó en la Cámara de Diputados una iniciativa para reformar el artículo 21 de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales y permitir así a Taibo II dirigir el FCE. Sin embargo, la prisa es mala consejera. Un ejemplo: hace una semana se aprobó en la Cámara de Diputados una reforma a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. En ésta siempre se ha señalado que para ser secretario de Estado es requisito ser mexicano por nacimiento. En ese momento no lo modificaron. No les preocupa el principio de la discriminación. Cuando aprobaron los cambios propuestos por el futuro gobierno, el problema de nombrar a Taibo II no se había presentado.

El futuro gobierno va a tratar de hacer lo mismo si le estorba un mandato constitucional. La propuesta de seguridad presentada la semana pasada es claramente inconstitucional. Ese mismo día, la Suprema Corte declaraba la inconstitucionalidad de la ley de Seguridad Nacional. Para AMLO esto no es un problema. Es cuestión de cambiar los artículos de la Constitución que estorban. Será la primera prueba de cuán fácil le es lograrlo.

La otra lección es acerca de la implicación del objetivo central de AMLO, resumido en su frase de campaña del 2006, “por el bien de todos, primero los pobres”. Un gobierno deseoso de transferir recursos al mayor número de pobres va a recortar de todo, desde los salarios de los funcionarios del Banco de México —aunque en el camino se pierda parte del capital humano necesario para conducir bien la política monetaria del país— hasta el presupuesto de instituciones culturales y académicas. Por eso, el FCE sufrirá un fuerte recorte, como en la gran mayoría de las entidades que componen la administración pública federal. Ni en los años posteriores a la crisis de la deuda externa vimos recortes de este tamaño.

Además, el recurso disponible lo usará el FCE (el cual será fusionado con otras áreas que publican libros por parte del gobierno federal) para impulsar la política social del gobierno. En palabras de Taibo II: “Me preo-cupa que haya en el catálogo del Fondo 10 ensayos sobre novela y no 10 novelas; se está gastando un enorme dinero en un libro que te funciona para pocos lectores. Tienes que dirigir una editorial con los gustos de los lectores” (https://bit.ly/2A8Tpv5). Ello implica modificar sustancialmente el objetivo del FCE: una editorial que hoy no pretende responder a los gustos del mercado, sino a la calidad de los libros que publica.

La política propuesta para el FCE no debería ser una sorpresa. El gasto público en la élite académica y cultural en México por parte de gobiernos temerosos de ser criticados por una intelectualidad normalmente de izquierda ha sido generoso. El nuevo gobierno parece será consistente en su estrategia de gasto y va a ahorrar todo lo posible para poder financiar las transferencias a los más pobres. Quitará los seguros médicos a los profesores universitarios, buscará que impartan un mayor número de clases, intentará disminuir los gastos de la burocracia universitaria... Gastará sobre todo en servicios que lleguen a los más pobres, como libros de interés popular y de bajo costo.

Si estos recursos se gastan bien, podrá ser bueno para los más pobres, aunque puede generar incentivos perversos, como buscar esas transferencias y dejar de procurar una mejor educación o un mejor trabajo.  Sin embargo, los recortes van a erosionar la capacidad de gestión de todo el gobierno, lo cual terminará por afectar también a los más pobres. El reto mayor en los siguientes años será mantener la estabilidad financiera. Si ésta se pierde, los primeros afectados son los pobres.

Instituciones enteras serán seriamente transformadas cuando no debilitadas hasta la extinción. La 4T prometió fundar otro régimen. Veremos pronto hasta dónde lo quieren llevar. La ley será una suerte de reglamento emitido por la Presidencia y el Congreso un diario oficial donde se publica dicho reglamento, con erratas incluidas, cada vez que hagan alguna tontería. El límite es su creatividad.

Columna de Carlos Elizondo Mayer-Serra Excelsior

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