Puebla, Pue.- Los padres de Mara Fernanda Castilla Miranda, asesinada el año pasado, denunciaron el miércoles de esta semana a la empresa de transporte privado Cabify México S. de R.L. de C.V. por la vía civil.

Gabriela Miranda, madre de la víctima, manifestó que la empresa Cabify no puede quedar exenta de responsabilidades porque su hija no contrató directamente al presunto feminicida, Ricardo Alexis, lo hizo a través de la empresa Cabify.

A un año de distancia, la promesa de las autoridades estatales de investigar a Cabify se convirtió en una promesa incumplida y aún tienen pendiente el juicio en contra del presunto feminicida, porque la primera ocasión que lo acusó, la justicia federal anuló el delito por fallas de procedimiento.

Será la firma Santamarina+Steta, quien lleve el litigio por la vía civil en contra de Cabify, a la cual exigen un pago por responsabilidad civil; indemnización por daño moral a los padres de la víctima; y un pago por daños punitivos.

El juez del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México determinará cuánto la empresa debe pagar a los padres de Mara.

La madre de Mara precisó que la finalidad es que Cabify y el resto de las plataformas que ofrecen servicios de taxi mejoren su seguridad.

También le pareció inaceptable que acepten como conductores a personas que tienen antecedentes o que fueron despedidos de otras plataformas, como fue el caso del presunto feminicida de Mara, quien estuvo en Uber y además tenían pendiente una investigación por transportar garrafas con combustible de procedencia ilícita.

Cuándo y cómo contratan a Cabify

La universitaria la madrugada del 8 de septiembre de 2017, salió del antro The Bronx en el municipio de San Andrés Cholula y abordó una unidad del servicio ejecutivo Cabify para que la trasladara a su casa en la capital poblana. El trayecto que normalmente duraría 20 minutos se duplicó en tiempo. La irregularidad, fue la primera señal que alarmó a su hermana, cuando se percató que Mara no había llegado a casa.

De acuerdo con versiones de sus amigos, Mara abordó el taxi del servicio ejecutivo cuando los pararon en un retén (del que las autoridades nunca han presentado video), alrededor de la cinco de la mañana. Al solicitar el servicio, llegó por ella un automóvil Chevrolet Sonic 2017, con placas UAY6418 de la empresa Cabify, conducido por Alexis Ricardo “N”.

Su hermana se comunicó con la empresa Cabify para que le informara por qué Mara no había llegado a su destino. En ese momento, la empresa le confirmó que el servicio si había concluido y le proporcionó el número del conductor que trasladó a la estudiante de Ciencias Políticas.

De acuerdo con la plataforma de Cabify, el vehículo tomó la carretera federal a Atlixco, se incorporó al Periférico y circuló sobre la avenida Municipio Libre para entroncar a la calle 11 sur y avanzó unos 200 metros hasta el fraccionamiento Torres de Mayorazgo.

La unidad se estacionó a unos metros del acceso al fraccionamiento donde vivían las hermanas Castilla Miranda, pero al revisar las cintas de seguridad del estacionamiento, se observa que hay una persona en la parte trasera del vehículo, pero no se distingue quién es y nunca se observa que haya descendido de la unidad.

Sin embargo, cuando la hermana de Mara se comunicó con el presunto feminicida, éste le aseguró que la había dejado en su casa. Tiempo después, durante las audiencias con el juez de control, indicó que Mara había descendido unos metros antes de la entrada, donde estaban unas camionetas que la esperaban. Aunque en las cintas de seguridad si detectaron los vehículos, la FGE nunca ha precisado si los investigó o no.

Conforme avanzó la investigación, se supo que Ricardo Alexis 21 años de edad incumplía con la carta de antecedentes no penales que debía tener vigente ante Cabify, debido a que había sido localizado con unas garrafas de huachicol en su natal Tlaxcala.

La empresa Cabify debe asumir que sus omisiones, negligencias y acciones tienen consecuencias, indicó la defensa de los padres de Mara.

Fue el martes 12 de septiembre del año pasado, cuando elementos de la Agencia Estatal de Investigación (AEI) dieron cumplimiento a la orden de aprehensión 4869/2017 y capturaron a Ricardo Alexis en Tlaxcala por el delito de privación ilegal de la libertad en la modalidad de plagio. La Fiscalía General del Estado le imputó el delito de feminicidio pero por errores de procedimiento, la justicia federal lo amparó y anuló la acusación.

A un año de distancia, el 18 de septiembre, el FGE nuevamente lo acusó del delito de feminicidio y el juez de control dio un periodo de tres meses a los ministeriales para terminar de integrar la carpeta de investigación.

Promesa muerta

El 15 de septiembre del año pasado, el gobernador de Puebla, José Antonio Gali Fayad ofreció que la Fiscalía General del Estado investigaría a la empresa Cabify y en su momento declaró que le revocarían el permiso para operar en la entidad, la cual sólo dejó de operar por un mes y tras cumplir ciertos requisitos fue reactivada.

Aunque el año pasado, en Puebla circulaban un promedio de 11 mil unidades de servicio ejecutivo de empresas como Uber, EasyGo, Canguros, IEES y Cabify, nadie asume la responsabilidad del perfil de los conductores.

"Esto no queda aquí, esta investigación va más allá. También Cabify, esta empresa que presta el servicio del transporte está siendo investigada. Es una línea de investigación porque el chofer o socio de esta empresa tuvo mucho tiempo y ellos también para telefonear y saber qué es lo que estaba sucediendo. Sin embargo, no es posible que no haya control", declaró el año pasado el mandatario.

Hasta ahora, ni la Fiscalía ni nadie de las autoridades estatales, ministeriales ni de transporte han informado sobre alguna sanción a la empresa y la mejora en medidas de seguridad que ofrecieron en su momento.

"Lo digo a siete meses de gobierno. No nos tiembla la mano...este tipo de actos es reprobable y no puede volver a repetirse por eso tiene que tener castigos ejemplares", manifestó Gali Fayad en medio del escándalo que escaló a la esfera internacional en ese momento.

La historia se repitió con Uber

Justo un mes después, en octubre del año pasado, cuatro sujetos que participaron en el asesinato de la estudiante de la BUAP, Mariana Fuentes Soto viajaban en un vehículo VW tipo Vento, color rojo, registrado en la plataforma del servicio ejecutivo UBER, informó la Fiscalía General del Estado.

Las autoridades estatales anunciaron medidas para controlar a los más de 11 mil conductores del servicio ejecutivo que circulan en Puebla, porque no tienen control de los conductores, al ser una responsabilidad que cedieron por ley a las empresas del servicio ejecutivo.

El ex presidente de la comisión de Seguridad del Congreso Local, Mario Rincón González reconoció que nadie sabía con certeza quiénes son los 11 mil conductores del servicio ejecutivo que circulan en Puebla.

Con información de LSR

Ilustración: municipiospuebla.mx

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