Puebla.- Las inconsistencias y falta de certeza que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (Tepjf) detectó en el cómputo y recuento de votos en los 26 consejos distritales de Puebla son la antesala para investigar y sancionar a los consejeros y magistrados locales, y declarar la nulidad de la elección de gobernador.

Así lo consideró el politólogo de la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla (Upaep), Alejandro Guillén Reyes, quien cuestionó la “confianza” del recuento de votos que ordenó el tribunal federal tras el actuar del Instituto Electoral del Estado (IEE) y el Tribunal Electoral del Estado de Puebla (TEEP).

Probable nulidad de la elección

En rueda de prensa, el académico consideró que si ya los magistrados federales reconocieron las irregularidades y anomalías del 1 de julio en Puebla, como para solicitar el recuento de votos, no se puede descartar la posible nulidad de la elección.

“La gente decía que para qué nos va a servir en este momento un recuento de votos si lo más probable es que ya estén manoseados los paquete electorales. Es un asunto de percepción y una suposición, pero el punto es que se tiene que dar certeza a los ciudadanos y ahí el tribunal federal comenzará a ir viendo la posibilidad de la anulación”, advirtió.

Agregó que del pasado proceso no se puede hacer de lado los hechos de violencia en al menos 70 casillas, el robo de urnas y confrontación con los electores.

Tampoco las protestas contra estos hechos en marchas realizadas, ni el desplegado que más de 300 académicos, periodistas y activistas firmaron el 10 de julio denunciando las anomalías de la jornada electoral.

Piden sanción contra responsables

Guillén Reyes opinó que las anomalías que detectaron los magistrados del Tepjf también deben derivar en una investigación y sanciones de los siete consejeros del IEE y de los tres magistrados del TEEP, por las irregularidades que resulten del “voto por voto”.

“Lo conducente es que se revise el actuar de cada uno de los consejeros, los tres que están próximos a salir y los cuatro que se quedarán, y de ser necesario que se dé su remoción y sanciones correspondientes según la Ley General en Materia de Delitos Electorales”, exigió.

En artículo 8 establece que se impondrá de 50 a 200 días de multa y prisión de 2 a 6 años al funcionario electoral que se abstenga de cumplir con las obligaciones propias de su cargo en perjuicio del proceso electoral, altere los resultados electorales, amén de lo referido en otros nueve causales.

Alejandro Guillén los señaló como responsables de no haber agotado todas las instancias para dar certeza a la elección. Incluso se pronunció porque las investigaciones se extiendan hacia los consejeros distritales de los 26 distritos locales, en tanto se concreta el recuento de votos del próximo 24 de septiembre.

dp