Explicó que se ampararon para evitar que continúen los trabajos que realiza la minera Autlán para el aprovechamiento de la corriente del rio Tonto ubicado en la Sierra negra.

 

Calculan dentro que hay un 90% de posibilidades que ese recurso favorezca a la población, como ocurrió en el estado de Oaxaca, al sustentarlo en irregularidades sobre los permisos proporcionados por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), así como otras instituciones federales que dieron los permisos son semejantes a lo sustentado en Oaxaca.

 

En ese sentido, dijo que uno de los factores que consideran preponderarán en el amparo, es la falta de consulta a los pueblos indígenas que radican en esas zonas y viven de los aprovechamientos naturales, porque la empresa llego se posicionó, empezó a trabajar y no aviso de nada más, hasta que los pobladores mostraron su inconformidad.

 

Leyva Machuca precisó que el recurso se sustentó en convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, suscrito por México, motivo por el cual al ser obligación del Estado Mexicano el consultar a los habitantes cuando les afecte un proyecto de ese tipo. 

 

A estas fechas no hay avances de la construcción de la hidroeléctrica porque la orden girada por el juez fue que se salieran de la zona de conflicto mientras se resolvía el problema legal.

 

Comentó que las preocupaciones de la diócesis sobre la violencia que se puede desatar en la zona de la sierra negra están bien sustentadas porque ese tipo de problemas en otras partes del país han causado tragedias y es necesario que se resuelva a favor para evitar que se eviten mayores confrontaciones.

 

MJ