Por “incumplimiento sistemático de obligaciones previstas en la ley de hidrocarburos y en el título de permiso”, los siete integrantes del Pleno de la Comisión Reguladora de Energía (CRE) revocaron los permisos a un par de gasolineras ligadas al edil de Cuyoaco, José Luis Rechy Tirado y al alcalde con licencia de Palmar de Bravo, Pablo Morales Ugalde, ambos investigados por su presunta relación con bandas dedicadas a la ordeña y venta de hidrocarburo de procedencia ilícita.

Las estaciones de servicio están ubicadas en los municipios de Puebla y Palmar de Bravo y deberán dejar de funcionar en las próximas semanas porque sus les revocaron sus permisos como expendios de petrolíferos.

Las franquicias de Petróleos Mexicanos (Pemex) están marcadas con los números 12614 y 12701, cuyos títulos de permiso se concedieron en el año 2015 al particular José Luis Rechy Martínez y a la compañía Distribuidores de Combustible de Palmar de Bravo S.A. de C.V., respectivamente.

La número 12614 con razón social PMC Gas S. de R.L. de C.V. y domicilio en la calle 49 Poniente número 518 está en funciones.  Su permisionario es el empresario José Luis Rechy Martínez, familiar del presidente municipal de Cuyoaco, José Luis Rechy Tirado, investigado por la Procuraduría General de la República (PGR) por asuntos relacionados con el huachicol.

La número 12701 que se encuentra en Palmar de Bravo y es del grupo empresarial Distribuidores de Combustible de Palmar de Bravo S.A. de C.V., propiedad de Pablo Morales Ugalde, presidente municipal con licencia detenido el año pasado, acusado del delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita.

Su hermano Ángel Morales Ugalde contendió el pasado primero de julio por la presidencia municipal de Palmar de Bravo y perdió por la vía independiente. Durante campaña la Fiscalía General del Estado confirmó que había sido secuestrado y luego reapareció, pero ni las autoridades  ministeriales ni la presunta víctima han hablado sobre el tema.

Desde junio del año pasado, Pablo Morales dijo estar despreocupado por las clausura de tres de sus gasolineras auditadas por el Servicio de Administración Tributaria (SAT), argumentó que tenían “quebranto económico”.

En ese momento, indicó que estaba en discusión la rescisión del contrato con Petróleos Mexicanos (Pemex) después de que la empresa informara sobre la cancelación de siete franquicias de Puebla, entre estas, dos en Palmar de Bravo.

“Estamos en el tema contractual con Pemex, el tema de la petrolera es entre particulares y lo que me señalen me lo tendrán que demostrar. El 18 de abril hubo un operativo donde me registraron hasta debajo de la lengua y no encontraron ni producto de dudosa procedencia, los volumétricos despachando normalmente, y los tanques en perfecto estado de funcionamiento.”

Sin embargo, en julio de 2017, el edil de Palmar de Bravo quedó detenido.

clh