Hueyapan, Pue.- Con la demanda de cesar la violencia y el hostigamiento en contra de los defensores del territorio y de que haya “verdad y justicia” en el caso de los que han sido asesinados, cientos de serranos y decenas de organizaciones que participan en la resistencia contra los megaproyectos, realizaron en Hueyapan la 25 Asamblea en Defensa del Territorio y por la Vida.

Representantes de los pueblos maseual, totonaku y mestizos unieron sus voces para demandar al gobierno termine la persecución y la criminalización de su lucha, además de que se esclarezcan los homicidios de crímenes de Antonio Esteban Cruz y Manuel Gaspar Rodríguez “sin descartar ninguna línea de investigación”.

“Alzamos la voz –dijeron- para que haya verdad y justicia. Si creyeron que iban a amedrentarnos, no les funcionó, porque ante estos actos de violencia, hoy los pueblos nos unimos más”.

También demandaron que se eliminen las carpetas de investigación iniciadas por la Procuraduría General de la República contra militantes de la organización Tosepan Titataniske y el Miocup-CNPA que se oponen a la instalación de una subestación y una línea de electricidad en Cuetzalan y por esta causa han sido denunciados por la Comisión Federal de Electricidad.

La asamblea que fue calificada como relevante porque en ella se escuchó la voz de representantes de organizaciones como el Miocup-CNPA, el Consejo Tiyat-Tlalli que reúne a más de 12 colectivos que actúan en la sierras Norte y Nororiental de Puebla, fue acompañada por el sacerdote Alejandro Solalinde y miembros de Amnistía Internacional (AI).

Los representantes de AI informaron sobre la campaña que realizan ante diferentes autoridades para exigir que acabe el acoso contra los defensores del territorio en esta región poblana,

Por su parte, en su mensaje, el cura y defensor de los derechos humanos Alejandro Solalinde dio palabras de aliento y reconoció la importancia de la lucha por la Madre Tierra y por la Vida que adelantan los habitantes de los pueblos originarios y mestizos de esta región que son afectados por los proyectos extractivos mineros y energéticos.

GJ