Huauchinango, Pue.- Más de cuatro años han pasado desde la primera denuncia pública en contra de Vicente Gayosso Hernández -en esos años dirigente de la organización Centro de Acopio “El Cargadero”, hoy de “Huauchinango por el progreso”-, por el fraude cometido a través de un supuesto proyecto de construcción de dos mil 600 viviendas, mismo que en los hechos y en los documentos oficiales nunca ha existido, pese a que ha cobrado cuotas cada mes por “gastos de operación” a los supuestos beneficiados.

En reiteradas ocasiones, desde 2014 cuando se recibieron los primeros reportes del fraude, Municipios Puebla ha consultado en dependencias oficiales sobre el supuesto Fraccionamiento al que Gayosso Hernández nombró “Enrique Peña Nieto”.

En la Secretaría de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano (Sedatu) la respuesta ha sido que “no hay documento oficial que ampare el proyecto que carece de todo requerimiento observado en las reglas de operación”.

Modus Operandi

Vicente Gayosso Hernández encontró un método para engañar a la gente: de manera permanente envía oficios a la Presidencia de la República para solicitar el trámite del fraccionamiento, como cualquier documento que llega a esas oficinas es reorientado a la dependencia que compete, en este caso la Sedatu, para su análisis y valoración, pero nunca se han girado instruccional de aprobarlo.

De acuerdo con el propietario del terreno donde supuestamente se construiría el fraccionamiento, Esteban Cázares García, nunca hubo un trámite de compra-venta de dicha superficie que incluso se ha dicho es una reserva natural protegida.

Además, Gayosso Hernández valuó el proyecto primero en dos mil 300 millones de pesos y luego en dos mil 800 millones, cifra que de entrada rebasa hasta el presupuesto anual de dependencias federales en el estado de Puebla, como Fonahpo.

A través de información oficial de la Sedatu se desprende que el recurso no está autorizado y que este supuesto proyecto que ofrece dos mil 600 viviendas populares, una Unidad Básica de Salud y hasta un Centro Escolar, además de servicios de urbanización, simplemente no existe, no cumple con reglas de operación y nunca ha sido autorizado por dependencia federal alguna.

Lo anterior ha motivado que se inicien las investigaciones por parte de las autoridades judiciales para determinar la comisión de delitos por parte de Gayosso Hernández.

GJ