Tlacuilotepec, Pue.- El Ministerio Público adscrito al Juzgado Segundo de Distrito pidió al fiscal de Atención y Determinación Inmediata de la PGR que inicie una averiguación contra funcionarios y asesores del Ayuntamiento de Tlacuilotepec, por el presunto delito de falsificación de firmas dentro del juicio de amparo interpuesto por opositores al gasoducto Tuxpan-Tula, de la empresa TransCanada.

De acuerdo con el auto dictado el 9 de mayo pasado dentro del expediente 1971/2017, que promovieron pobladores de la comunidad totonaca de Cuatepec, el MP giró oficio al agente del Ministerio Público de la Federación Supervisión de Atención y Determinación Inmediata en la delegación estatal en Puebla de la Procuraduría General de la República, a fin de que inicie la investigación por la posible comisión de un delito cometido en el amparo.

Lo anterior luego de que Miembros del Consejo Regional de Pueblos Originarios en Defensa del Territorio de Puebla e Hidalgo, señalaron como presuntos responsables de haber falsificado sus firmas al regidor de Obras Públicas de Tlacuilotepec, Jaime Vargas, al exalcalde de ese municipio, Ascensión de Dios Josento y al exedil de Pahuatlán y abogado de las autoridades tlacuileñas, Ángel Martín Vera Lemus.

El delito habría sido cometido por los funcionarios públicos y su abogado para simular que Hilario Rosas Salvador y Pablo Valerio Hernández se estaban desistiendo del amparo que tienen promovido en contra de la instalación de la tubería.

A la fecha la construcción del gasoducto se encuentra suspendida por orden del juez Segundo de Distrito del estado que frenó el proceso “de consulta pública” y mientras no se realice ni TransCanada, ni su filial Transportadora de Gas Natural de la Huasteca, ni la italiana Bonatti pueden construir la tubería hasta en tanto se dicte sentencia en el juicio.

Los pobladores de Cuautepec han denunciado que funcionarios municipales de Tlacuilotepec los han amenazado con encarcelarlos si no se desisten del juicio de amparo. Y además de los mencionados han señalado como responsables de estos amagos a Librado Hernández Vargas, a Froilán Vargas Santos y al presidente auxiliar de la comunidad Gregorio Martínez Ciriaco.

A la fecha pobladores de las sierras Norte de Puebla y Otomí-Tepehua en Hidalgo han interpuesto cinco juicios de amparo, en uno de ellos se demandó la cancelación del gasoducto; mientras los otros tienen que ver con violaciones al derecho a la consulta pública, ya sea porque no se realizó, no se les incluyó, o bien porque el procedimiento con el que se hizo está viciado.

Mientras en Tamaulipas el juzgado Décimo Tercero, con sede en Ciudad Madero, ordenó a las empresas Lenova y TransCanada suspender la construcción del tramo submarino de esta misma tubería, por considerarlo un atentado al medio ambiente, según datos que aportó Julián Córdova Hernández, de la Cooperativa Almirante del Mar Océano, quien promovió el amparo 921/2017-II-B en nombre de los pescadores por daños al ecosistema y a la pesca de camarón.

El gasoducto Tuxpan-Tula de la empresa TransCanada, que para este proyecto usa a su filial Transportadora de Gas Natural de la Huasteca, es uno de los cuatro megaproyectos que presentan mayores avances en la Sierra Norte aunque, como se dijo,  se encuentra detenido por órdenes de jueces federales por violaciones a los derechos al territorio, al consentimiento y a la consulta previa, libre e informada.

La transnacional pretende transportar 889 millones de pies cúbicos de gas natural diarios desde el Sur de Texas hasta el altiplano hidalguense.

GJ