- Huauchinango
Busca volver a gobernar Pahuatlán pese inhabilitación
Pahuatlán, Pue.- Aunque fue inhabilitado por 12 años al encontrarse irregularidades en su cuenta pública, el exalcalde de Pahuatlán, Martiniano Santos Trinidad, es candidato al mismo cargo por los partidos Compromiso por Puebla y Social de Integración.
De acuerdo con información de la Auditoría Oficial del Estado que aparece en la página la Autoría Superior del Estado, el 27 de julio de 2006, el Congreso del Estado aprobó imponer una sanción de 12 años de inhabilitación para ocupar algún cargo público a Martiniano Santos, por lo que el plazo del castigo vence justamente 26 días después del 1 de julio próximo, fecha de realización de los próximos comicios.
No obstante que se le impuso la máxima sanción prevista en la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos, el exalcalde, a quien le fueron comprobadas irregularidades en el ejercicio de los recursos públicos del municipio de Pahuatlán en el periodo del 1 de enero al 14 de febrero de 2005, fue inscrito como candidato a edil por los partidos morenovallistas Compromiso por Puebla y Social de Integración.
En las elecciones de 2010, Martiniano Santos fue inscrito como candidato suplente a la diputación local con cabecera en Huauchinango por la alianza encabezada el Partido Acción Nacional (PAN), postulación a la que renunció debido a que “desafortunadamente tuvo problemas con la cuenta pública”. El hecho es que desde esa fecha ya estaba sancionado.
En el 2012, el médico originario de la comunidad otomí de San Pablito fue acusado de cobrar una cuota de mil pesos por familia de ese poblado, para la construcción de una red de agua potable que, de acuerdo con las autoridades, había sido financiada en su totalidad con recursos federales provenientes del Fideicomiso para Coadyuvar al Desarrollo de los Estados y Municipios (Fidem) de la Secretaría de Hacienda, por lo que los beneficiarios se negaron a hacer algún pago.
Mientras que en agosto de 2017 fue denunciado por introducirse -junto con empleados de TransCanada y de la Secretaría de Energía del gobierno federal (SENER)- en el cerro de la comunidad para medir los terrenos que serían afectados por la introducción del gasoducto Tuxpan-Tula, obra que ha sido rechazada por los pobladores que promovieron un juicio de Amparo en el que se ordenó la suspensión de esta obra.
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