Huauchinango, Pue.- Cuatro brigadas de empleados de la Secretaría de Energía (SENER), la Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO), de miembros del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) y de Ciudadanos Unidos, verificaron la autenticidad de algunas de las más de 27 mil quejas contra los altos cobros y el mal servicio de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), presentadas en la región de Huauchinango.

Miguel Márquez Ríos, miembro del Comité Central del SME, indicó que se escogieron al azar 24 quejas en los municipios de Ahuazotepec, Huauchinango y Juan Galindo, por lo que la mañana de este martes iniciaron los recorridos para verificar su existencia.

En Huauchinango se acudió a colonias como La Mesita, El Potro, Santa Catarina y en Centro, específicamente a la calle Matamoros.

Los resultados de la visita serán dados a conocer en Cuidad México al SME y a la Asamblea Nacional de Usuarios de Energía Eléctrica (Anuee) en una mesa de negociaciones con la Secretaría de Gobernación.

Uno de los objetivos es la aplicación del “borrón y cuenta nueva” al supuesto adeudo que tendrían los usuarios de los tres municipios, desde el momento en que se decretó la extinción de la Compañía de Luz y Fuerza del Centro (LyF) en octubre de 2009.

Márquez Ríos dijo que, tras la supervisión de las autoridades federales y constatar la veracidad de la información, “también estará entrando en operaciones SUBACE (Suministradora Básica de Electricidad del Centro) para abastecer electricidad en la Sierra Norte y en el territorio que antes atendía Luz y Fuerza del Centro”.  

De 2010 a 2017, más de 27 mil de los 30 mil usuarios de energía eléctrica de Huauchinango, Ahuazotepec y Juan Galindo han presentado quejas ante la PROFECO, la SENER o el proveedor sustituto de LyF, que los suministraba de energía eléctrica.

Las quejas se basan en las constantes fallas en el suministro de energía  eléctrica, las variaciones del voltaje y la falta de determinación y cuantificación precisa del consumo de energía de los usuarios, debido a que no hay revisión a los medidores.

En otros casos, a los usuarios se les han entregado recibos de cobro por una cantidad mayor a la que consumían hasta antes del decreto de extinción de Luz y Fuerza en octubre de 2009; o bien por las órdenes de corte o reconexión que también se han pretendido hacer efectivas por parte de la CFE.

Según la Anuee, fue a mediados de 2010 cuando inició la presentación de las demandas. En 2015 se contabilizó el mayor número de ellas, con un total de 11 mil 500, 15 veces más que las 750 registradas en 2014, y casi tres veces más que las cuatro mil que se recibieron en  2010 y 2011.

Desde octubre de 2016, cuando el gobierno federal inició la entrega al SME de las plantas del complejo hidroeléctrico Necaxa, la CFE inició una intensa campaña de cobro a miles de usuarios de Ahuazotepec, Juan Galindo y Huauchinango que quedaron en un “limbo jurídico” debido a que carecen de un contrato de prestación de servicio con esa empresa, además de que en el decreto de extinción de LyF no se estableció qué ocurriría con ellos.

GJ