Huauchinango, Pue.- La Red Mexicana de Afectados por la Mineria (REMA) –de la que forman parte poblanos del Consejo Tiyat Tlali- desmintió el supuesto “progreso minero” promovido por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y aseguró que, por el contrario, la actividad extractiva es sinónimo de contaminación y degradación ambiental, fragmentación comunitaria, represión, despojo, saqueo, injusticia e impunidad.

Indicó que el pasado 5 de marzo en un panel de discusión organizado por el Consejo Canadiense para las Américas (CCA), el BID hizo un llamado a “la responsabilidad social de las mineras en Latinoamérica”, en el que presentó a la minería como una actividad sustentable.

En los hechos hay ”cientos de comunidades fragmentadas y severamente afectadas en el país, en toda América Latina y el mundo, así como una cantidad cada vez mayor de pasivos ambientales irreversibles, de los cuales estas empresas no se hacen responsables. Es una incongruencia terrible que se siga vendiendo a la minería como generadora de progreso y desarrollo, cuando saquean a manos llenas los bienes comunes hasta dejar pueblos y comunidades fantasmas, en unos casos, o desolación y muerte en otros”.

El BID, denunció la REMA, apuesta a la explotación minera como solución para el desarrollo al financiar proyectos privados “de despojo, con graves consecuencias sociales y ambientales, inversiones que muchas veces sirvieron para mejorar la imagen de las empresas mineras y permitir la aceptación de sus proyectos”.

Y en el caso de la Corporación Interamericana de Inversiones (CII), miembro del BID, se dedica al financiamiento directo e indirecto de pequeñas y medianas empresas, como “el préstamo de 5.7 millones de dólares que hicieron a la empresa Somin Compañía Minera de Sonora S.A.P.I. de C.V.” para la extracción y el procesamiento de sulfato de sodio en Sonora.

Además ha dado dinero para proyectos de producción de energía “muy controvertidos y rechazados como los parques eólicos Eólica del Sur o Eurus en el Istmo de Tehuantepec”, precisó.

“Para los pueblos la minería es, y siempre será así, un agente de despojo, destrucción y muerte” que se ha enfrentado con la resistencia de las comunidades. Puso como ejemplo al municipio de Fresnillo, Zacatecas, donde opera la mina Fresnillo de Grupo Peñoles, la tercera extractora de plata más grande del país, que en el año 2015 obtuvo ganancias por 318 millones de dólares. El Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL) la consideró la demarcación “con la mayor proporción de personas en situación de pobreza (107 mil 088) y el segundo con mayor pobreza extrema (11 mil 685)”.

“Si analizamos los datos que propone CONEVAL sobre la evolución de la pobreza, de 2010 a 2015 para los municipios zacatecanos de Fresnillo y Mazapil (donde está ubicada desde 2008 la mina Peñasquito, la mina de oro más grande del país a cargo de la canadiense Goldcorp), nos damos cuenta que, durante este periodo, la proporción de la población vulnerable por carencia social (educación, salud y vivienda), aumentó más del 6 por ciento (6.1 para Fresnillo y 6.3 para Mazapil), cuando el promedio de aumento estatal fue sólo de 4 por ciento”, detalló la REMA.

En la Sierra Norte de Puebla, de acuerdo con FUNDAR, Centro de Análisis e Investigación A.C., la Secretaría de Economía del gobierno federal ha otorgado 440 concesiones mineras y, aunque algunas han sido canceladas, representan el 66 por ciento de su territorio, además se han dado permisos para la instalación de más de 10 hidroeléctricas y se han entregado diversas áreas para la explotación petrolera, donde se usa o se usará la fractura hidráulica o fracking. 

GJ