Ixtacamaxtitlán, Pue.- Para que autoridades federales cumplan el resolutivo que les ordena dejar sin efecto los cambios a las concesiones de Almaden Minerals, que permiten la evasión de la justicia en  Ixtacamaxtitlán, el juez Segundo de Distrito difirió la Audiencia Constitucional en el juicio de amparo interpuesto por pobladores de Tecoltemi.

Lo anterior, luego de que el juez pospusiera la celebración de la audiencia previa a que se dicte sentencia en el juzgado que pertenece al Sexto Circuito dentro del Amparo que pequeños propietarios y ejidatarios de este municipio serrano interpusieron contra las concesiones Cerro Grande y Cerro Grande II, otorgadas por el gobierno federal a la minera canadiense.

El titular del juzgado advirtió al secretario, al coordinador general de Minas, al director general de Minas de la Secretaría de Economía y al Registrador Público de Minería, que en caso de no cumplir en el término de tres días con esta resolución que mantiene la suspensión de actividades de la empresa, serían sancionados con una multa que podrá ir de 50 a mil salarios mínimos.

En cumplimiento de la resolución de una queja interpuesta por los pobladores, el juez segundo de Distrito en el estado de Puebla revocó el acuerdo por el que tuvo a Minera Gorrión, filial de Almaden Minerals, desistiéndose como “tercero perjudicado” en el amparo y quedó “intocada” la “suspensión de plano concedida para el efecto del Ejido Tecoltemi.

Con ello los miembros del núcleo ejidal no podrán ser privados en forma “total, parcial, temporal o definitiva de la propiedad, posesión o disfrute de los derechos agrarios a que se refiere la resolución presidencial de dotación de tierras de 24 de noviembre de 1980” a causa de las licencias de exploración y explotación otorgadas al corporativo con sede en Canadá, hasta que haya una sentencia definitiva en este juicio.

Los indígenas y ejidatarios de Ixtacamaxtitlán demandaron de la justicia federal la protección a sus derechos a la tierra y al territorio, a la consulta y al consentimiento que fueron violadas al otorgar las concesiones a Almaden Minerals, por lo que pidieron la cancelación de las mismas.

La audiencia constitucional se celebrará a las 11:00 horas del próximo 5 de abril y luego de su realización el juez dictará sentencia, misma en la que se espera se pronuncie sobre la constitucionalidad de la Ley Minera expedida en 1992 por el gobierno de Carlos Salinas de Gortari.

El juicio se ha prolongado por casi tres años en los que la empresa ha usado varias estrategias para alargar el proceso, como la modificación de los títulos de concesión que dejaban fuera a la comunidad demandante, medida que fue anulada por un Tribunal Colegiado.

GJ