Mariano Serrano y Giovanni Góchez

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) recibió la controversia constitucional promovida por el Ayuntamiento de San Pedro Cholula en contra de la Ley de Seguridad Interior, luego que la comuna argumentó que viola su autonomía en labores de seguridad pública.

El ministro presidente Luis María Aguilar Morales, turnó al ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo la controversia y ordenó formar y registrar el expediente 4/2018, para que se resuelva si se admite o no a trámite.

Por su parte -a través de un comunicado de prensa- el edil José Juan Espinosa Torres confió en que los ministros de la SCJN corrijan al poder legislativo que a todas luces se equivocó, porque la militarización del país no es la solución para recuperar la paz y tranquilidad que merecen las familias mexicanas.

“La Suprema Corte le entrará al estudio y análisis de la misma, en la cual somos muy claros que hay una violación a la autonomía municipal porque dejaron fuera a los gobiernos municipales, que somos el nivel más próximo a la población y que la constitución de forma muy clara señala que la seguridad pública en el nivel de proximidad, de prevención al delito es tarea de los gobiernos municipales”.

La controversia se enfoca a los artículos 2, 6 y 11 de la Ley de Seguridad Interior, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 21 de diciembre de 2017.

Por su parte el secretario General de San Pedro Cholula, Ignacio Molina Huerta, señaló que el presidente de la Corte, Luis María Aguilar Morales, turnó la controversia al ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo porque reúne los requisitos necesarios para su análisis.

El 5 de enero, las autoridades cholultecas se convirtieron en las primeras del país en interponer una controversia contra la Ley de Seguridad Interior. 

Hace unos días la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) dio a conocer que prepara una controversia constitucional contra la misma ley, y que la presentará en tiempo y forma.

El documento ha sido criticado por organismos nacionales e internacionales debido a las facultades que otorga a las fuerzas armadas para mantener la seguridad pública del país, en detrimento de las corporaciones policiales.