Pahuatlán, Pue.- El juez Tercero de Distrito en el estado ordenó la suspensión definitiva de las licencias ambientales y de impacto social del gasoducto Tuxpan-Tula que la empresa TransCanada pretende atravesar por 459 comunidades de los estados de Puebla, Hidalgo y Veracruz, al dictar sentencia en el incidente planteado en el juicio de amparo indirecto 1973/2017-IV.

Con esta resolución notificada el pasado 29 de noviembre, tanto TransCanada como su filial Transportadora de Gas Natural de la Huasteca (TGNH) y la constructora italiana Bonatti, están impedidas de efectuar cualquier tipo de trabajos de construcción o puesta en operación de la tubería en el territorio de la comunidad indígena hñahñú de San Pablito, en Pahuatlán, pues el juzgador dejó sin vigencia los permisos.

La medida incluye también la suspensión del proceso de consulta pública que realiza la Secretaría de Energía que fue considerado como discriminatorio pues, “sin sustento legal distinguió entre localidades con población indígena y comunidad o pueblo indígena en perjuicio de los pueblos otomíes, nahuas y totonacos que habitamos la región”, dieron a conocer miembros del Consejo Regional de Pueblos Originarios de Puebla e Hidalgo.

De las 459 localidades ubicadas en el área de influencia del gasoducto Tuxpan-Tula, explicaron, sólo 15 fueron consideradas como indígenas y susceptibles de afectación, las 444 restantes quedaron fuera de la consulta.

El amparo promovido por pobladores de la comunidad dedicada a la manufactura del papel amate y las artesanías de chaquira, reclama la protección de los derechos a la tierra, el territorio y los bienes naturales, que se violan con la construcción de la tubería de más de 270 kilómetros de longitud que atravesará las sierras Norte de Puebla y Otomí-Tepehua en Hidalgo, dos de los últimos reductos de bosque mesófilo de montaña del país.

Aunque aclararon que de realizarse el megaproyecto también serán violados sus derechos a la cultura, la salud y a un medio ambiente sano.

La suspensión definitiva otorgada comprende actos realizados por autoridades como el presidente de la república, el Congreso de la Unión, las secretarías de Energía, Medio Ambiente y Recursos Naturales y también del alcalde auxiliar de San Pablito, entre otras.

Al dictar su resolución, el juez Tercero de Distrito en el estado, consideró que de no ordenar la suspensión definitiva de las obras, las licencias ambientales y de impacto social y la consulta, se violarían de manera “irreparable” los derechos a la “libre autodeterminación, autonomía, biodiversidad, agua, identidad cultural, información, participación en asuntos públicos, consulta y consentimiento, pues aunque la obra pretenda abastecer de gas a una termoeléctrica de la CFE, afecta el interés social” de los pobladores de San Pablito.

La suspensión ordenada estará vigente hasta que se dicte sentencia en el juicio de amparo, hecho que según el abogado Raymundo Espinoza podría ocurrir a finales del año 2018, con lo que TransCanada no estaría en posibilidad de concluir y entregar la obra en enero próximo, como se comprometió.

Esta es la segunda suspensión definitiva otorgada para detener la construcción del gasoducto Tuxpan-Tula en la sierra norte del estado de Puebla, pues hace unas semanas el juez Segundo de Distrito del estado ordenó frenar el procedimiento de consulta pública en la comunidad totonaca de Cuautepec, en Tlacuilotepec.

A la fecha pobladores de la Sierra Norte de Puebla y de la Otomí-Tepehua en Hidalgo han interpuesto cinco juicios de amparo, en uno de ellos se demandó la cancelación del gasoducto; mientras los otros tienen que ver con violaciones al derecho a la consulta pública, ya sea porque no se realizó, no se les incluyó, o bien porque el procedimiento con el que se hizo está viciado, explicó Espinosa.

Mientras en Tamaulipas el juzgado Decimotercero, con sede en Ciudad Madero, ordenó a las empresas Lenova y TransCanada suspender la construcción del tramo submarino de esta misma tubería que inicia en el sur de Texas hasta Tuxpan, por considerarlo un atentado al medio ambiente, informó Julián Córdova Hernández, de la Cooperativa Almirante del Mar Océano, quien promovió el amparo 921/2017-II-B en nombre de los pescadores por daños al ecosistema y a la pesca de camarón.