El gobierno del estado de Puebla pretende vigilar en tiempo real a los pasajeros y conductores de Uber cuando utilicen la aplicación, acusó la empresa de tecnología a través de un comunicado de prensa

De acuerdo con su postura, la Iniciativa de Regulación de Puebla para las Empresas de Redes y Transportes (ERT) presentada a la Comisión de Transporte del Congreso del Estado “viola el derecho humano a la privacidad”.

“Dichos artículos representan una invasión a la privacidad al exigir acceso en tiempo real a los viajes realizados con la aplicación”, expresó Uber en un documento publicado en su sitio de internet.

Recordó que a pesar de ser fundamental el respeto a la privacidad de sus clientes, la firma mantiene estrecha colaboración con las autoridades luego de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación lo ordenó.

Además, acusó que la nueva ley “limita el acceso a la tecnología de los poblanos” ya que impide el pago del transporte en efectivo y lo limita solo a dueños de tarjetas bancarias.

“Impiden el acceso a la tecnología a miles de ciudadanos que no tienen acceso a medios de pago bancarizados al prohibir el pago en efectivo y por ende los discrimina…”

Uber también denunció que la exigencia de una licencia mercantil para sus conductores aumenta la burocracia y genera duplicidad de procesos, además de costos y trámites ineficientes. “Una licencia mercantil no garantiza por sí misma una mejoría en condiciones de seguridad; como lo demuestran los recurrentes casos de violencia en Puebla donde están involucrados conductores de transporte público y quienes cuentan con dicha licencia”. 

“Parte de esta nueva regulación, en vez de enfocarse en promover acciones de seguridad, busca bloquear el principio de la economía colaborativa de permitir que las personas decidan cuándo, dónde y cuánto tiempo destinarán a tener un ingreso extra, además de impedir el acceso a las personas que no cuentan con una tarjeta bancaria y, sobre todo, violar el derecho a la privacidad e intimidad de las personas”, mencionó Uber México y Caribe.

Los cambios a la Ley de Transporte del Estado de Puebla propuestos por el Ejecutivo, se dan tras los asesinatos de las estudiantes Mara Fernanda Castilla Miranda y Mariana Fuentes Soto, en los que estuvieron involucrados choferes de las plataformas Uber y Cabify.