Huauchinango, Pue.- La Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA) exigió al primer ministro de Canadá Justin Trudeau, que detenga la protección que otorga su gobierno a las empresas extractivas de su país que han “invadido y saqueado” poblaciones de la Sierra Norte de Puebla, entre otros lugares de México.

Ante la renegociación del Tratado de Libre Comercio indicó que al tiempo que el gobierno canadiense alerta a sus ciudadanos de los “riesgos” de viajar a México, fomenta las actividades de los consorcios mineros que acumulan sus riquezas a través del despojo y la constante violación a los derechos humanos de las comunidades indígenas y campesinas mexicanas.

Las violaciones de las empresas canadienses son constantes, repetitivas y siempre apuntan por lo menos en contra de los derechos humanos al territorio, a la propiedad, al medio ambiente sano, a la participación, a la consulta y el consentimiento, a la legalidad y seguridad jurídica, señaló la REMA.

Canadá, recordaron, es el inversionista extranjero minero más importante para México. De ese país proviene el 65 por ciento de las empresas extranjeras de ese sector que hay en nuestro país y su influencia es tal que han promovido reformas legales que facilitan sus inversiones pero evaden la restitución de daños, el pago de impuestos o de plano suprimen cualquier aspecto que afecte sus ganancias, explicó la REMA.

En cambio, a causa de la actividad minera canadiense, indicó la REMA a Trudeau, en la Sierra Norte de Puebla, en comunidades del estado de Guerrero, Morelos, Zacatecas y Chiapas, entre otros, se han causado daños a la salud, contaminación y destrucción ambiental. Se ha criminalizado la protesta de los pobladores que han sido amenazados, hostigados y son perseguidos y víctimas de detenciones arbitrarias y otros han sido asesinados.

“Esa es la fórmula de progreso y desarrollo que trae la inversión minera canadiense a nuestro país, aunque para contrarrestar su brutalidad, siempre están ponderando en los medios y en las estructuras de poder, su compromiso con los códigos de responsabilidad social corporativa, de certificación de industria limpia o de buen uso del cianuro, o su inscripción a sus absurdos estándares de ‘oro libre de conflictos’ que son avalados y certificados por instancias que en su mayoría han sido creadas por el mismo sector empresarial”.