José Antonio Román/La Jornada

La cancelación de las prerrogativas a los partidos políticos es inconstitucional, atenta contra la naturaleza pública de dichos institutos y, además, abre paso para que la sociedad sea controlada y gobernada por los más ricos, asentó Diego Valadés Ríos, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

Luego de expresar su posición en favor del financiamiento público a esos organismos –aunque con una significativa disminución en el monto que reciben actualmente–, el jurista advirtió que de prosperar algunos cambios legales propuestos para que destinen sus prerrogativas a fines distintos a lo dispuesto por la ley y en la Constitución, se pueden poner en riesgo las elecciones del próximo año.

Es probable que se generara gran incertidumbre con relación a la elección e incluso podría vulnerarse el principio de equidad que debe prevalecer en la contienda electoral, con lo cual los resultados del primero de julio podrían ser cuestionados e introducir al país en un periodo de incertidumbre sobre quién va a ocupar la Presidencia y cómo va a estar configurado el Congreso, dijo.

Entrevistado luego de participar en el foro Financiamiento público cero: ¿es posible hacer política democrática sin dinero?, Valadés Ríos desestimó la propuesta de algunos senadores panistas para emitir un decreto de emergencia encaminado a reducir los recursos a los partidos políticos.

El Congreso no puede tomar ninguna decisión contra lo que marca expresamente la Constitución. No hay nada por encima de ella, subrayó el ex procurador General de la República.

Valadés Ríos, también miembro del Colegio Nacional y de la Academia Mexicana de Ciencias, dijo desconocer en qué términos los partidos han regresado o destinado ya estos recursos a la atención de los damnificados del sismo, pero destacó que cuando rindan cuentas al Instituto Nacional Electoral (INE) tendrán que informar que dirigieron recursos para fines que no estaban previstos ni en la Constitución ni en la ley.

Precisó que aunque el INE aceptara, por razones extraordinarias, las decisiones de los partidos e incluso se diera por válida, la medida sería impugnable y se tendría que sujetar a la instancia jurisdiccional competente. El INE tendría que sancionarlos, dijo.

No son recursos de naturaleza privada, sino públicos, y los partidos tienen que rendir cuentas, como cualquier otra institución. Al establecer un fondo y/o una aportación con ellos, también se estaría privando de su salario a los trabajadores de esas entidades, agregó.

En su conferencia magistral, Diego Valadés dijo que de concretarse la intención de algunos partidos políticos de ceder sus prerrogativas a la población afectada por los sismos, se trastocarían los principios constitucionales de equidad en las elecciones; la naturaleza pública de los partidos, así como la determinación constitucional de otorgar financiamiento a los institutos partidistas.

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