A casi dos años de la primera de seis desapariciones y posteriores asesinatos de vecinos en Lomas de San Miguel, los familiares de las víctimas aún no digieren que el caso quede impune y que los detenidos por la Fiscalía General del Estado (FGE) hayan salido de prisión, encabezados por el empresario gallero Jorge Aduna Villavicencio, además sin tener certeza sobre lo que les pasó a sus hijos, esposos y hermanos.

El supuesto esclarecimiento del caso anunciado por la FGE, mostró su debilidad a los pocos meses, cuando una serie de amparos comenzó a dejar sin elementos al juez de la causa, quien entre el 20 de abril y 15 de septiembre de este año liberó a las ocho personas vinculadas a la investigación por el delito de secuestro agravado.

Las desapariciones

En octubre de 2015 inició el calvario para los vecinos de la calle Juan Rojas Flores de la colonia Lomas de San Miguel en Puebla. Marco Antonio Cuautle Cuautle, alias El Lechero, fue el primero en desaparecer.

Su esposa denunció el caso casi una semana después, pues los que lo conocían aseguraron haberlo visto por última vez repartiendo leche en La Joya, sin embargo no contaba con que el 28 de octubre su situación dejaría de ser un hecho aislado.

Román Limón Gómez fue el segundo en desaparecer, sin embargo su esposa e hija atestiguaron que los responsables viajaban en una camioneta con vidrios polarizados y se identificaron como agentes ministeriales.

Dos semanas después, el 12 de noviembre, la suma de desaparecidos de la calle Juan Rojas Flores creció cuando Pedro Negrete Orea y Luis Ángel Flores Gutiérrez corrieron con la misma suerte de sus vecinos.

Rogelio Rivera Osorio y Bryan Gerardo Torres Sandoval fueron los últimos en desaparecer, entre el 26 y 27 de noviembre, sin que hasta ese momento sus familiares supieran el desenlace de la historia.

FGE presenta a Jorge Aduna como el responsable

Durante casi dos meses los familiares de los seis desaparecidos, principalmente albañiles y limpiaparabrisas, acudieron a la sede central de la FGE para pedir respuestas a las autoridades sobre el paradero de sus consanguíneos.

Pero no fue sino hasta el 20 de febrero de 2016, cuando el fiscal Víctor Carrancá Bourget y el titular de la Fisdai, Fernando Rosales Solís, presentaron al empresario gallero Jorge Aduna Villavicencio, como el autor intelectual del levantón de los seis vecinos.

De acuerdo con las autoridades, el crimen fue ordenado por el dueño de la empresa encargada de organizar los palenques de la Feria de Puebla como una venganza personal, pues sostenía que los desaparecidos habían cometido un violento asalto en casa de uno de sus familiares.

Aduna Villavicencio no actuó solo. Pagó a los agentes ministeriales Javier y José Felipe, para obtener información de las investigaciones oficiales sobre el robo y después, con los datos ordenó la desaparición forzada de las personas.

Ricardo y Yosafat, dos de los escoltas del gallero, se encargaron de perpetrar los levantones con el apoyo de Antonio, Alejandro y José Emanuel.

En el dicho de las autoridades, tras privarlos de la libertad, los empleados de Aduna los llevaron a un rancho del empresario en los límites de Puebla y Tlaxcala, donde presuntamente los habrían asesinado para después calcinar sus restos.

FGE no logra corroborar el ADN de las víctimas

Tras el supuesto esclarecimiento del caso, los familiares de las víctimas denunciaron que la FGE no les entregó nunca los cuerpos, cenizas o algo que pudiera corroborar la identidad de sus allegados, pues oficialmente les dijeron que no contaban con el equipo para hacer las pruebas de ADN.

El aparato legal de Aduna Villavicencio también logró ir retrasando el caso luego de que se le dictó auto de formal prisión a él y el resto de los detenidos.

Asimismo surgieron otros yerros como la desaparición de teléfonos celulares de los cómplices del gallero, los cuales a pesar de estar a resguardo de la FGE, de momento desaparecieron.

Del mismo modo no lograron acreditar tanto la portación como la posesión de armas y cartuchos de uso exclusivo del Ejército Mexicano.

Amparo por detención ilegal de ministeriales inicia las liberaciones

El 20 de abril de 2017, el caso que causó revuelo a nivel internacional, sufrió el primer vuelco cuando Javier y José, los agentes ministeriales detenidos por filtrar información a Jorge Aduna, fueron liberados.

Ambos ganaron el juicio de amparo 246/2017 en el Segundo Tribunal Colegiado del Poder Judicial de la Federación, encabezado por los abogados José Luis Ramírez Téllez y Nicolás Machorro, donde la defensa apeló su prisión al argumentar que su detención fue ilegal.

La defensa del presunto autor intelectual, Jorge Aduna, logró negociar su traslado al Cefereso de Durango, en donde aprovechó el amparo ganado por los agentes ministeriales para sustentar que su detención también había sido ilegal.

El empresario abandonó el Cefereso el 16 de junio bajo el mismo argumento, sin necesidad de demostrar inocencia y solo basándose en las deficiencias de la Fiscalía General del Estado, que en respuesta solo anunció que interpondría una apelación que, hasta la fecha, no ha procedido.

Ese mismo día, en el Cereso de San Miguel de la ciudad de Puebla se ordenó la inmediata liberación de Ricardo, uno de sus escoltas, quien usó el argumento de la detención ilegal de los tres casos previos para lograr su libertad.

Mientras que Alejandro y José Emanuel, otros de los cómplices, abandonaron la prisión poblana con amparos por detención ilegal y que, al estar en el mismo proceso que Aduna y los agentes ministeriales, no tuvieron mayor reparo en concedérselos.

Yosafat y Antonio fueron los últimos en salir de prisión, pues a pesar de ser los dos primeros detenidos del caso y quienes presuntamente detallaron la mecánica con la que Aduna planeó su venganza, jamás interpusieron un amparo.

Sin embargo, una vez que todos los demás implicados lograron salir de prisión y sin evidencias que le dieran certeza legal al proceso en su contra por secuestro agravado, interpusieron un recurso por desvanecimiento de pruebas.

Fue así como el pasado 15 de septiembre a las 17 horas, se cerró el último capítulo de impunidad en la desaparición forzada de los 6 vecinos de Lomas de San Miguel, cuyos familiares jamás recibieron notificaciones de las autoridades para conocer lo que pasaba con las investigaciones.

“Nada más nos habían dicho que habían promovido un amparo (los presuntos responsables), pero que supuestamente lo iban a desechar, eso fue todo lo que no nos notificaron pero de lo demás (la liberación) nada”, explicó.

Indicaron que la última reunión con el agente del Ministerio Público adscrito a la investigación fue hace unas 4 semanas, sin que se les advirtiera que podrían salir libres los últimos dos detenidos por este multihomicidio.