Once familias que han sido amenazadas con el desalojo y la demolición de sus viviendas en Atencingo, Chietla, por el edil Edgardo Ponce Cortés, se ampararon ante la justicia federal para evitar que una vialidad termine con su patrimonio.

Ayer, organizaciones populares, defensores del derecho a la vivienda y pobladores afectados, hicieron entrega al secretario general de Ayuntamiento los amparos que les fueron concedidos para la suspensión provisional de la demolición de una casa.

La justicia federal detuvo con los procesos de Gerardo Arriaga Juárez con el amparo 1725-2017, Fernando Romano Brimdis con el expediente 1731- 2017, Luisa Ayala González con el 1730-2017, entre nueve más, la demolición del inmueble denominado Campamento Ferrocarril número 3, conocido como Calzada Benito Juárez número 27 en la colonia La Paz, en Atencingo, donde está planeada una avenida que favorezca el acceso al ingenio, propiedad de particulares.

“Nuestras viviendas están en riesgo por la ambición política del presidente, ahijado político de Estefan Chidiac, quienes tienen en manos un proyecto de relumbrón para abrir una avenida que favorezca a sus amigos empresarios”, sostuvieron.

Gilberto Maldonado, líder del Congreso Democrático Magisterial Poblano (CDMP) y otros colectivos de la Mixteca poblana, aseguró que acompañarán estos procesos para evitar que el edil cumpla con la amenaza que ha lanzado a las once familias afectadas, advirtiéndoles que su resistencia les causaría más problemas.

Los pobladores han realizado asambleas populares y públicas donde dieron el respaldo a las familias y han expresado el rechazo a la obra.