San Pedro Cholula, Pue.- Integrantes de Antorcha Campesina exigieron al gobierno municipal de San Pedro Cholula obras y servicios públicos en juntas auxiliares, ofrecidos al inicio de la administración.

Durante una manifestación realizada frente a la Presidencia Municipal, alrededor de 150 miembros del movimiento advirtieron que si las autoridades ignoran sus demandas marcharán por las calles del centro de la ciudad el próximo 16 de septiembre.

A su vez, el director de Gobernación, Carlos Ponce Quijano, propuso establecer mesas de trabajo para analizar cada una de las solicitudes.

Explicó que algunos de los proyectos convenidos están en marcha y tienen diferentes avances, pero dejó en claro que el ayuntamiento solo podrá acceder a lo que permite la ley y los reglamentos municipales.

Los manifestantes recordaron que en los primeros días de la gestión, el ayuntamiento ofreció la construcción de un bachiller en Santa Bárbara Almoloya, la pavimentación del camino al Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos que está en San Juan Tlautla, así como la terminación de cinco kilómetros de drenaje en Santa María Acuexcomac.

Asimismo, dijeron que están pendientes otras obras de electrificación, pavimentación y agua potable en el resto de las juntas auxiliares del municipio.

Vendedores informales denuncian hostigamiento

Por su parte, la representante de la agrupación de vendedores itinerantes de San Pedro Cholula, Anayanzi Beatriz Cuautle Gómez, denunció maltrato y altos cobros a sus agremiados de parte de los inspectores del ayuntamiento.

Relató que en muchas partes del país existen ambulantes, pero en Cholula son artesanos y campesinos en extrema pobreza que solo tienen esta manera de subsistir.

“Aquí nos dan o nos quitan autorización para vender de acuerdo al ánimo de los funcionarios municipales”, señaló, al considerar que no existe un proyecto integral para el reordenamiento comercial.

Cuautle Gómez aseguró que los afectados son vendedores de chapulines, huesitos, pepitas y artesanías textiles, como manteles, sobreros y blusas bordadas que antes pagaban 150 pesos mensuales, pero ahora se les exige “mil, cinco mil y hasta 70 mil pesos”, pues de lo contrario son retirados y su mercancía es tirada a la basura.