Huauchinango, Pue.- Por violaciones a los derechos de libre autodeterminación y consulta previa, libre e informada, la organización “Serranos Unidos en Resistencia Indígena” (SURI), impugnó la creación de distritos federales electorales indígenas en Zacatlán, Teziutlán y Huauchinango.

A través de un Juicio para la Protección de Derechos Políticos y Electorales del Ciudadano, los miembros del SURI, pretenden anular el acuerdo del Instituto Nacional Electoral (INE), por el que se integraron los Distritos Electorales Federales Indígenas en la Sierra Norte de Puebla.

Los inconformes consideraron que el acuerdo es nulo desde el momento de la elaboración del Protocolo para la Consulta a Pueblos y Comunidades Indígenas en Materia de Distritación Electoral, debido a que esa reglamentación se elaboró sin participación de los habitantes de los pueblos originarios.

“Consideramos inconstitucional dicho Protocolo y por los agravios que nos provoca el Acuerdo INE/CG59/2017, apoyados por la Defensoría Pública Electoral para Pueblos y Comunidades Indígenas del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, presentamos Juicio para la Protección de los Derechos Político Electorales del Ciudadano”, explicaron.

En el recurso, identificado con el número de expediente SUP-JDC-3947/2017 a cargo del Magistrado Instructor Reyes Rodríguez Mondragón, solicitaron al Tribunal Electoral que revoque el Acuerdo publicado el 19 de mayo pasado en el Diario Oficial de la Federación, en cuanto a la creación de tres distritos electorales federales con cabeceras en Zacatlán, Teziutlán y Huauchinango.

“La decisión del INE intenta usurpar la representación política de los pueblos indígenas de la Sierra Norte de Puebla”, consideraron.

Por lo anterior pidieron sensibilidad de los magistrados para que reparen sus derechos colectivos violados y los conminaron a recordar el compromiso del Estado Mexicano en la Conferencia Mundial de los Pueblos Indígenas efectuada en la sede de la Organización de las Naciones Unidas.

“La lucha de los pueblos y comunidades indígenas de México adquiere nuevos derroteros ante la decisión del Estado de concesionar nuestros territorios a empresas trasnacionales. Nuestra región no es ajena a esta embestida depredadora de nuestros recursos naturales. Desde el año 2011 el Estado y las empresas, como en tiempos del Porfiriato, amparados en leyes ilegítimas violatorias de un Estado de Derecho, llegaron a los pueblos de la Sierra Norte de Puebla esperando encontrarnos inermes. A la mayoría de las autoridades municipales las controlaron, a otros los amenazaron; los pueblos reaccionamos deteniendo la cruzada exterminadora de nuestras poblaciones. Apelamos al derecho internacional, fijamos nuestra posición sosteniendo que concesiones mineras y autorizaciones hidroeléctricas son nulas de pleno derecho al no realizar la consulta indígena, de acuerdo con los parámetros internacionales”, puntualizaron.

La mal llamada Consulta Indígena del INE obedece a esta misma visión, explicaron: “fue diseñada, dirigida y manipulada para integrar los distritos electorales federales indígenas en la Sierra Norte de Puebla” pasando por encima de los derechos de los pueblos.