Huauchinango, Pue.- Más de mil 100 kilómetros cuadrados (110 mil hectáreas) del territorio de la Sierra Norte de Puebla, habitado por 49 mil 588 personas dedicadas en su mayoría a actividades agrícolas y pecuarias, serán afectados por la exploración y extracción de hidrocarburos en 24 áreas de licitación, según la última versión del Plan Quinquenal de Hidrocarburos.

De acuerdo con el documento “Las Actividades Extractivas en México Estado Actual. Anuario 2016” del Centro de Análisis e Investigación FUNDAR, en el territorio dentro del que se consideró a estas áreas contractuales habitan 49 mil 588 personas que dedican a la ganadería 333.81  kilómetros cuadrados (33 mil 810 hectáreas) y a la agricultura 581.96 kilómetros cuadrados (58 mil 196 hectáreas), es decir el 83.3 por ciento del terreno enajenado para la actividad extractiva que tendrá preferencia sobre las que dan sustento a la población.

Sin embargo, FUNDAR precisó que la exploración y extracción de hidrocarburos afectará no sólo las actividades económicas sino que se disputará el territorio con el entorno habitacional de la población “y, a la fecha, ninguna localidad ha sido consultada”.

Del territorio a licitarse, señaló, 56.1 kilómetros cuadrados de terreno será dedicado a la explotación de hidrocarburos convencionales y casi el 95 por ciento, 1 mil 94.44 kilómetros cuadrados corresponderá a hidrocarburos no convencionales, lo que implica que deberán ser extraídos a través de la fractura hidráulica o fracking, una técnica dañina y prohibida en varios países europeos.

Empero a este territorio a subastar, hay que sumar el de los municipios de Jalpan, Jopala, Pantepec, Tlacuilotepec, Venustiano Carranza, Xicotepec, Zihuatehutla, Tenampulco, Acateno, Ayotoxco, , Hueytamalco, Jonotla y Tuzamapan de Galeana, que estarían comprometidos como parte de las Rondas 2 y 3 del Plan Quinquenal.

Además, se debe considerar que la Reforma Energética comprometió para la extracción de hidrocarburos en las Rondas Cero y Uno más de 600 mil hectáreas de terreno de cinco pueblos indígenas incluidos los huastecos, náhuatl y totonakus de la Sierra Norte del estado de Puebla.

FUNDAR aseguró que tanto en la aprobación de este cambio estructural, como en el de sus leyes secundarias y su puesta en marcha, se han violado los derechos de los pueblos originarios, específicamente a la consulta previa y al consentimiento libre e informado.

“El desarrollo de la industria de hidrocarburos en el país, en los términos planteados por la Reforma Energética mediante el Plan Quinquenal de Hidrocarburos, implica que la extracción de hidrocarburos tendrá prioridad sobre más de 240 mil kilómetros cuadrados de superficie terrestre y marina de México. Es decir, se realizará a costa de grandes porciones de los ecosistemas terrestres y marinos mexicanos, así como del territorio y modo de vida de más de un millón y medio de personas, incluyendo los territorios de más de una docena de pueblos indígenas. Es necesario cuestionarse si la exploración y extracción de hidrocarburos, en estas dimensiones, contribuyen en algo a la meta de reducir la dependencia de combustibles fósiles planteada por la Ley de Transición Energética y los compromisos del Estado mexicano para garantizar los derechos humanos, proteger el medio ambiente y atender el cambio climático”, precisó.

Desde que se aprobó la Reforma Energética, las áreas a licitar se han modificado en número y superficie, por lo que cubrirán una mayor parte de territorio, “ya que, en promedio, en 2015 un área por licitar medía 197 kilómetros cuadrados, en tanto que para el 2017 la superficie promedio es de 423 kilómetros cuadrados”

Lo anterior, previó FUNDAR, “representa implicaciones para las acciones de protección de las poblaciones y territorios afectados, pues ahora las empresas obtendrán permisos para operar en mayores porciones del territorio. Además, también significa cambios en los montos de inversión y capital de riesgo con los que una empresa contratista debe contar para poder participar en la licitación”.