A partir de este martes, el ayuntamiento dejó de hacerse cargo de la operación y seguridad interna del Centro de Reinserción Social asentado en el polígono del Pueblo Mágico de San Pedro Cholula, anunció el alcalde José Juan Espinosa Torres.

Dicha responsabilidad fue regresada al gobierno estatal porque es su obligación constitucional y en adelante la comuna solo aportará los 4.5 millones de pesos anuales que le corresponden de los 19.4 millones de pesos necesarios para el mantenimiento del edificio y de los internos, indicó.

Al mismo tiempo, reiteró a la administración de Antonio Gali Fayad la propuesta de entregar en donación un terreno de 20 mil metros cuadrados y una aportación de 50 millones de pesos que obtendría a través de un crédito bancario, para iniciar la construcción de un nuevo penal regional.

Los recursos representan la tercera parte de los necesarios para este proyecto que ha sido validado por las secretarías de Infraestructura y Seguridad Pública, puntualizó.

En conferencia de prensa, José Juan Espinosa Torres argumentó esta mañana que su administración ha desistido de construir el nuevo Cereso porque carece de los suficientes recursos económicos para financiar toda la obra y porque, si la inicia, corre el riesgo de quedar inconclusa.

El presidente de San Pedro Cholula resaltó que los últimos tres años y medio su administración ha sido capaz de mantener la operatividad y tranquilidad en el Centro de Reinserción Social a pesar de que tiene una sobrepoblación de 300 por ciento.

Recordó que, actualmente, en el edificio se encuentran 499 internos, después que a través del departamento jurídico del penal se ha logrado la liberación anticipada o traslado de otros 164 a fin de reducir el hacinamiento, pues a este reclusorio son enviados procesados de 12 municipios de la región e incluso de la capital del estado, lo que causa su permanente sobrepoblación.

Espinosa Torres informó que el mantenimiento del penal regional representa una erogación anual de 19.4 millones de pesos, aportados por las autoridades de los municipios vecinos, es decir que el mantenimiento de cada preso equivale a un gasto anual de 40 mil 80 pesos o de tres mil 340 pesos mensual.

El alcalde de San Pedro Cholula finalmente recordó que desde junio de 2014 ha emprendido acciones administrativas para regresar el penal al gobierno estatal. Durante este tiempo, se ha acreditado ante notario público y ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos la sobrepoblación y deficiencias de infraestructura que sufre el penal.