Las áreas de inteligencia financiera de la SHCP y de la PGR, en coordinación con el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen), recaban toda la información de los presidentes municipales de Palmar de Bravo, Quecholac, Tecamachalco y Cuyoaco.

A ello se suma la investigación en la que también participan la Policía Federal (PF) y las secretarías de la Defensa Nacional y Marina Armada de México, por la posible colaboración directa o indirecta de los ediles para que los grupos de huachicoleros puedan operar en esas demarcaciones.

El martes, el comisionado Nacional de Seguridad, Renato Sales Heredia, informó que iban por toda la red, incluidos los empresarios gasolineros que participan en la compra-venta del producto ilícito obtenido de las tomas clandestinas en los ductos de Petróleos Mexicanos (Pemex).

Entre ellos están los presidentes municipales de Palmar de Bravo, Pablo Morales Ugalde; y de Cuyoaco, José Luis Rechy, quienes además son empresarios y cuentan con gasolineras.

En el caso del alcalde Pablo Morales Ugalde —que fue impulsado por el Partido Social de Integración— tiene por lo menos cuatro gasolineras. Además, su medio hermano Eduardo Morales es propietario de otra estación.

Palmar de Bravo es un municipio en el que Roberto de los Santos de Jesús, alias El Bukanas, uno de los líderes huachicoleros, tenía un centro de operaciones en el poblado de La Encrucijada, de ahí que el edil también sea investigado por posibles omisiones en su administración.

Las gasolineras de Morales Ugalde y su familia se encuentran en el municipio que gobierna, en Tecamachalco, Quecholac y Tepeaca; la que pertenece a su medio hermano está en Tlacotepec de Benito Juárez, misma que fue baleada el pasado 25 de abril. Dicha estación recibió por lo menos 300 impactos de bala de grueso calibre. El hecho es investigado por la fiscalía estatal para deslindar responsabilidades y saber si la línea de investigación tiene que ver con la compra de combustible robado a un grupo criminal.

En el caso del alcalde de Cuyoaco, José Luis Rechy —de Movimiento Ciudadano— también se encuentra dentro de las investigaciones que realiza el Sistema de Administración Tributaria (SAT), en coordinación con Pemex y las otras dependencias por la gasolinera que tiene ubicada en el mismo municipio.

Por otra parte, el alcalde de Quecholac, Néstor Camarillo Medina, forma parte de la pesquisa luego de los hechos ocurridos el 3 y 4 de mayo en Palmarito —perteneciente a ese municipio— donde cuatro militares y seis civiles armados perdieron la vida durante un enfrentamiento.

La investigación se enfoca en la presunta relación que pueda tener Camarillo Medina con Antonio Martínez El Toñin, presunto líder de la otra organización de huachicoleros.

El Toñin tenía su centro de operación en Palmarito. De acuerdo con pobladores, existe una relación de amistad entre esas dos personas, de ahí que Antonio Martínez podía realizar sus operaciones ilícitas en la zona sin ser molestado por las autoridades municipales.

Antonio Martínez también es investigado por lavado de dinero y se incluye una asociación civil que tiene su hermano Alejandro Martínez, de nombre Fusión y Fuerza, misma que utiliza para cobrar fuerza porque aspira a la alcaldía.

Mientras que el presidente municipal de Tecamachalco, Inés Saturnino López Ponce, también se incluye en la investigación debido a que es uno de los municipios que conforman el Triángulo Rojo y se ha detectado un inmueble del líder de la organización en ese municipio.

Hasta el momento, sólo hay un alcalde perredista detenido, se trata de Isaías Velázquez Reyes, de Atzitzintla, a quien se le relacionó con la organización de Roberto de los Santos de Jesús, alias El Bukanas.

Velázquez Reyes también es dueño de dos gasolineras, una en el municipio de Esperanza y otra en la localidad que encabeza, la cual está a nombre de Rosalía Velázquez, quien es su hija; sin embargo, la investigación sobre si compraban combustible a El Bukanas sigue abierta.

El martes, el comisionado Sales Heredia aclaró que los empresarios que se detecten en esa actividad ilícita de adquirir combustible robado estarían cometiendo el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita.

“Se trata de ir por quienes, algunos empresarios, adquieren el hidrocarburo robado a sabiendas de que es hurtado, cometiendo el delito que es operaciones con recursos de procedencia ilícita”, enfatizó.

Con información de EL UNIVERSAL