Ixtacamaxtitlán, Pue.- La Unión de Ejidos y Comunidades en Defensa de la Tierra, el Agua y la Vida, Atcolhua de Ixtacamaxtitlán y el Consejo de la Tierra responsabilizaron a todos los niveles de gobierno de la seguridad y la integridad física de los opositores amenazados por impedir el acceso a empleados de Almaden Minerals a sus propiedades.

Las organizaciones denunciaron que la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) ha sido incapaz de solucionar el conflicto derivado de la pretensión de la empresa canadiense de extraer oro y plata en terrenos de la demarcación a pesar de las violaciones a los derechos humanos y las irregularidades en las que ha incurrido.

Aseguraron que pese a no tener permisos Almaden Minerals continuó sus actividades de exploración en las comunidades de Loma Larga y Almeya, durante los meses de febrero y marzo de 2017, circulando por brechas de propiedad privada y, ante esta situación, los dueños y vecinos de la comunidad se organizaron para taparles el paso pues los caminos se dañan con la circulación de vehículos pesados de la empresa.

La tarde del 1 de mayo con “amenazas y uso de lenguaje obsceno, los representantes de la empresa minera Almaden Minerals, Alfredo Martínez y Daniel Santa María, intentaron obligar a Ignacio Carmona Cruz, poblador de Loma Larga, para que los dejara circular por una de las brechas que son propiedad privada en esta población (…) los empleados de la minera se encontraron con Carmona y lo amenazaron para que los dejara pasar”.

El altercado concluyó con amenazas contra Carmona, señalaron y por ello teme por su seguridad e integridad física, por lo que responsabilizaron al gobierno, a la Semarnat y la Secretaría de Economía, “por no asumir su responsabilidad ante las violaciones a los derechos humanos. Por ello, anunciaron, “nos defendernos frente a los actos de violencia y de violación de derechos por parte de la empresa”.

El martes, los representantes de Almaden Minerals intentaron nuevamente amedrentarlos, “pero no caímos en su provocación”.

Después de esto, seis personas de la comunidad fueron citadas a declarar ante el Ministerio Público, y esto les llama la atención por la “celeridad y eficiencia que mostraron las autoridades (…) que no es la misma con la que actuaron cuando pedimos su intervención al denunciar que la minera viola las leyes ambientales o que atenta contra los derechos humanos de los habitantes de la zona”.

Indicaron que a pesar de haber documentado las irregularidades de la empresa, Semarnat le concedió un permiso para seguir sus exploraciones y ante la omisión de las autoridades, la comunidad acordó cuidar de sus derechos con propios recursos.