Después de que se rompiera el diálogo entre el presidente Antonio Javana García, quien estableció como condición para destrabar el conflicto la firma de las actas apócrifas que se han levantado en el ayuntamiento con sólo cuatro de los diez regidores, pobladores inconformes regresaron a la petición original exigiendo su destitución.

En rueda de prensa, Ramiro León, asesor legal del movimiento social en Jolalpan, lamentó que esta propuesta del edil fuera avalada por la diputada Susana Riestra Piña, quien en la mesa de diálogo establecida secundó la propuesta, que, a decir de los inconformes, se trata de un acto ilegal pues las actas de Cabildo donde se avalan las gestiones en el último año que ha permanecido tomada la presidencia municipal forman parte del expediente de la Auditoría Superior del Estado armado en su contra.

“El edil destituyó a seis regidores y la síndico municipal porque eran críticos y reunían pruebas de los actos de corrupción, ahora pide su firma en los documentos. La diputada no tuvo empacho en repetir la propuesta y aceptarla como válida en la mesa de negociación. Le preguntamos y cómo vamos a hacerlo, pidiendo a la ASE los documentos y ella asentó”, describió el abogado.

Los regidores presentes y la síndico coincidieron en señalar que las protestas escalarán en número y sentido, usando el tema de la Semana Mayor para denunciar que el poder sigue abusando de sus gobernados y castigando a quienes denuncian y piden justicia.

Pobladores se acercaron a la mesa de negociación con la propuesta de renovar el gabinete municipal suspendiendo a nueve elementos y habían concedido la permanencia de Antonio Javana en el cargo pero condicionando la investigación de su gestión. El edil se negó rotundamente y ofertó tres despidos de funcionarios menores.