Myrna Rojas/Sandra Vergara

Los presidentes municipales de San Andrés Cholula, Atlixco y Coronango, emanados del PAN y PRI, respectivamente, se manifestaron respetuosos de la determinación del Congreso del Estado de Puebla de inhabilitar 12 años y de la multa de 25 millones de pesos impuesta al ex alcalde capitalino, Eduardo Rivera Pérez.

Sin embargo, dejaron en claro que cada edil es responsable de entregar cuentas claras a su población y las entidades fiscalizadoras, tanto estatales como federales.

Por su parte el munícipe de San Pedro Cholula, José Juan Espinosa Torres, exigió un alto a la persecución política y demandó frenar el aparente uso político de instituciones gubernamentales y legislativas.

El integrante de Morena, manifestó su solidaridad con Eduardo Rivera Pérez, aunque son de partidos diferentes, y adelantó que igual que él se defenderá en caso de que sufra un acoso similar.

Entrevistados por separado, los presidentes de San Andrés Cholula, Atlixco y Coronango, Leoncio Paisano Arias, José Luis Galeazzi Berra y Hermelinda Macoto Chapuli, se reservaron su opinión sobre las presuntas irregularidades por 286 millones de pesos detectadas en la cuenta pública 2013 del panista Eduardo Rivera Pérez.

Paisano Arias dijo tajante que “no tenía nada que opinar” de su compañero de partido, pero dijo que “cada quien es responsable de sus actos”.

Antes de cortar la entrevista para acompañar al gobernador Antonio Gali Fayad que este viernes visitó San Andrés Cholula, Leoncio Paisano Arias subrayó que las autoridades de todos los niveles de gobierno tienen la principal responsabilidad de entregar cuentas claras.

En tanto, el también panista José Luis Galeazzi Berra, edil de Atlixco, descartó que la decisión del Congreso tenga un fin político para acabar con las aspiraciones a la gubernatura de Puebla de Eduardo Rivera Pérez.

Consideró que el proceso que enfrenta es normal porque todos los presidentes municipales están sujetos a revisión y todos tienen tiempo para contestar las observaciones al manejo de los recursos públicos.

En lo personal, aseguró que tanto la Auditoría Superior del Estado como el Congreso local han analizado y calificado objetivamente sus cuentas públicas.

Por su parte, la edil priista de Coronango, Hermelinda Macoto Chapuli, se reservó el derecho a opinar sobre la inhabilitación y sanción de Eduardo Rivera Pérez.

En su caso, dijo, que el trato con las entidades estatales fiscalizadoras ha sido institucional, sin sesgos políticos o partidistas.

Mencionó que la revisión de la cuenta pública del año pasado está retrasada, como la correspondiente a los otros municipios, pero confió en no enfrentar problemas para solventarla, como sucedió con años anteriores, cuando se le ha otorgado el tiempo que marca la ley para comprobar el uso del erario.

En Tlatlauquitepec, el presidente municipal Ángel Guerrero, descartó revanchismos políticos contra Eduardo Rivera Pérez.

Tras aceptar que no era la persona indicada para opinar sobre el tema, rechazó que la decisión de los diputados locales sea un “garrote político” para eliminar al panista de la carrera por la gubernatura de Puebla.

Dijo que como presidentes municipales deben actuar conforme a la ley pues “todos” pueden ser revisados en sus actuaciones como funcionarios públicos tanto por la Auditoría Superior de la Federación como del Estado y por lo tanto, pueden ser acreedores a sanciones.