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Miente minera canadiense a sus socios sobre su situación legal en Ixtacamaxtitlán

Habitantes de este municipio denunciaron que la empresa Almaden Minerals, carece de permisos ambientales y es investigada por Profepa.

Con la finalidad de obtener financiamiento, la empresa canadiense Almaden Minerals ha ocultado a sus socios que las actividades que realiza en Ixtacamaxtitlán carecen de permisos ambientales, están suspendidas por otras acciones legales y que es investigada por la PROFEPA, poniendo en riesgo sus inversiones, denunciaron habitantes afectados de ese municipio.

A pesar de que la SEMARNAT rechazó el informe preventivo con el que la minera pretendía realizar nuevas barrenaciones y que sus actividades están suspendidas por orden de un Juez de Distrito y de que la PROFEPA investiga posibles daños ecológicos, la empresa anunció a sus inversionistas que seguirá con una “agresiva” estrategia para la búsqueda de oro y plata en este lugar, explicaron.

Con ello “le han mentido a sus socios, a las autoridades y a los mismos pobladores”, dijeron en una rueda de prensa realizada en la Ciudad de México y que fue acompañada por investigadores de PODER y el Consejo de la Tierra Tiyat Tlali, donde se aseguró que la minera ha dado información falsa a sus socios con la finalidad de obtener recursos y continuar sus actividades en la Sierra Norte poblana.

En febrero pasado, por medio de un comunicado, Almaden Minerals indicó que seguirá “agresivamente” la exploración en la zona, a pesar de que su informe preventivo para hacer 69 barrenaciones diamante fue rechazado por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) por no identificar plenamente “que las obras y actividades a realizar cumplan con los lineamientos que establece la NOM-120- SEMARNAT-2011”. Sin embargo, en su informe anual publicado el 29 de marzo pasado, la empresa omitió dar a conocer a sus socios la negativa de la autoridad, explicaron.

Además, dijeron, pese a que un Juez de Distrito le ordenó a Almaden Minerals que suspendiera sus actividades hasta que se resuelva el Juicio de Amparo 445/2015 tramitado por una comunidad indígena de Ixtacamaxtitlán, la empresa está cotizando acciones para financiar una nueva fase de exploración y esta resolución legal, tampoco ha sido comunicada por la empresa a sus inversionistas.

La Almaden, agregaron, está obligada por la Comisión de Valores de los Estados Unidos (SEC, por sus siglas en inglés) de la legalidad de sus acciones extractivas, “pues implica un riesgo para los inversionistas, entre los que se encuentra el Royal Bank of Canada”.

Agregaron que la minera tampoco ha informado a sus inversionistas que la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA) inició una investigación a partir de la denuncia interpuesta por la Unión de Ejidos y Comunidades en Defensa de la Tierra, el Agua y la Vida, Atcolhua.

“La empresa está investigada por violar normas mexicanas al realizar 236 barrenos más de los autorizados, con una profundidad mayor, y con riesgo de haber perforado el acuífero, según información generada por la misma empresa, la cual no fue compartida con las autoridades mexicanas ni con los habitantes de la zona”, explicaron.

Acompañados de las organizaciones civiles Centro de Estudios para el Desarrollo Rural (CESDER), Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario (IMDEC), Proyecto sobre Organización, Desarrollo, Educación e Investigación (PODER), y la Unión de Ejidos, los pobladores de Ixtacamaxtitlán señalaron que la empresa no ha comunicado los alcances de su proyecto a las comunidades afectadas ni les ha informado su intención de explotar un bien común, y se ha reservado la información sobre los riesgos de este proyecto para el medio ambiente, el agua y la salud.

El Comité del Agua de Ixtacamaxtitlán denunció que la empresa ha buscado desinformar a la población al decir que el cianuro usado en el proceso de lixiviación no contamina el agua. Además, señaló que la empresa fomenta relaciones clientelares con los pobladores mediante el otorgamiento de apoyos económicos para las fiestas patronales a cambio de que las comunidades firmen en apoyo a su proyecto.

Los pobladores y las organizaciones civiles presentaron una Evaluación de Impacto en Derechos Humanos (EIDH) que realizaron con apoyo de expertos en geoquímica, biología y salud.

En ella se concluye que la presencia de Almaden Minerals en Ixtacamaxtitlán pone en riesgo los derechos al agua, a un medio ambiente sano y a la salud de la población, e incrementa la competencia por el agua y la tierra.

Los afectados instaron a SEMARNAT a que no otorgue más permisos a la empresa; y a PROFEPA a que sancione a la compañía por las irregularidades documentadas.

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