San Andrés Cholula, Pue.- Tras confirmar que Agua de Puebla para Todos cobra el servicio en la zona urbana y fraccionamientos de San Andrés Cholula, el Movimiento Cholula Viva y Digna denunció que el ayuntamiento pretende boicotear las acciones civiles en defensa del agua potable.

Acusaron que la empresa también conocida como Concesiones Integrales distribuye recibos sin los nombres de los usuarios, requiriendo cantidades exageradas, a pesar de que la mayoría de la gente no ha realizado un contrato y obtiene el líquido de pozos artesanales.

Para fundamentar sus quejas, mostraron el recibo correspondiente a una toma del fraccionamiento Getzemaní, ubicado en la recta Puebla-Cholula, frente a la unidad deportiva de la Volkswagen. Según el documento con folio CFOR1703008681, la casa unifamiliar marcada ubicada en la 20 Oriente y Getzemaní debe 138 mil 362 pesos a marzo de 2017.

Aunque Agua de Puebla exige el pago inmediato del adeudo -en el que incluye el saneamiento- no indica el nombre del propietario ni el usuario actual de la vivienda, pero sí indica que corresponde al municipio de San Andrés Cholula.

Cabe mencionar que las autoridades municipales reconocen que la concesionaria del servicio en la capital solo cobraba en los fraccionamientos residenciales ubicados en la zona de Angelópolis.

Impide ayuntamiento perifoneo sobre defensa del agua

En conferencia de prensa ofrecida la mañana de este domingo, integrantes de la asociación civil anunciaron su incorporación a las movilizaciones en defensa del agua potable y contra la posible privatización del servicio en los municipios del estado de Puebla.

Adán y Paúl Xicale, dirigentes de Cholula Viva y Digna, informaron que alrededor de las nueve de la noche del sábado, policías municipales impidieron el perifoneo de una reunión informativa que se llevará a cabo el próximo jueves 7 de abril para denunciar que la empresa Concesiones Integrales ya está cobrando el servicio en San Andrés Cholula, sin el consentimiento de la población.

Aseguraron que alrededor de ocho patrullas de la Secretaría Municipal de Seguridad Pública, con sus respectivos tripulantes, rodearon al vehículo que realizaba la difusión cerca del atrio de la parroquia.

Los uniformados argumentaron que “no tenían permiso del presidente Leoncio Paisano y que estaban provocando un ruido excesivo”, hecho que fue considerado por los activistas como un bloqueo a su derecho a la libre expresión.

“Nos dijeron que si queríamos arreglar el asunto que los acompañáramos al Complejo de Seguridad, pero no fuimos porque sabemos cómo se las gasta Paisano que nos quiere reprimir y detener con las fuerzas policiacas”, mencionaron.

Reconocieron que no hubo detenciones, pero si acoso al conductor del auto con el equipo de sonido a quien demandaron licencia y documentos de circulación y amagaron con llevarlo al corralón con una grúa, pero los policías se retiraron cuando los vecinos comenzaron a reunirse en el lugar.