San Pedro Cholula, Pue.- Vecinos y autoridades municipales de San Pedro Cholula no tienen control sobre la unidad deportiva construida en la administración pasada con recursos públicos en el barrio de San Pedro Mexicalzingo porque fue ubicada sobre propiedad privada.

Las puertas de las instalaciones, presuntamente de acceso general, son abiertas o cerradas por un grupo de habitantes vinculados con las mayordomías y fiscalías que se hacen cargo del templo de esta comunidad, explican deportistas que no pueden hacer uso regular de este espacio recreativo y de acondicionamiento físico.

En 2013, el ayuntamiento anterior construyó la unidad deportiva de San Pedro Mexicalzingo con una inversión de 2.5 millones de pesos sobre una superficie de dos mil metros. Entonces, se dijo que la obra beneficiaría a 3 mil 400 vecinos de este barrio con una cancha multifuncional, sanitarios, gimnasio al aire libre, juegos infantiles y estacionamiento.

Por su parte, el regidor de Deportes, Pablo Melgarejo Luna, reconoció que la unidad solo es abierta ciertas horas y días porque el ayuntamiento no tiene control sobre las instalaciones, a pesar de que fueron construidas con recursos públicos municipales y federales.

“La obra se realizó sin que el ayuntamiento tuviera la escritura del terreno. El proyecto se ejecutó de buena fe, pero sin prever lo que sucedería en un futuro”, añadió.

Los vecinos aseguran que las instalaciones “siempre están cerradas”. “Están muy bonitas, cuidadas, pero solo se abren para algunos torneos o en fechas festivas. Sin embargo, nosotros necesitamos hacer ejercicio siempre, sobre todo los niños, jóvenes o quienes tenemos sobrepeso”, comentaron.

“Ya reportamos al ayuntamiento esta situación y nos dicen que no pueden hacer nada, y que mejor van a instalar gimnasios al aire libre en los barrios cercanos”, añadieron.

El regidor de Deportes, Pablo Melgarejo Luna, reiteró que la administración municipal no tiene la escritura del terreno sobre el que fue construida la unidad deportiva de Mexicalzingo, por lo que no existen fundamentos legales para exigir el acceso permanente a los pobladores.

“Lamentablemente, las pasadas autoridades no fueron previsoras y no se aseguraron de que estuvieran al servicio de la comunidad y no de particulares”, comentó.