Ixtacamaxtitlán, Pue.- Para evitar que se discuta la inconstitucionalidad de la Ley Minera y quitar el derecho a los pueblos para impugnarla, la empresa Almaden Minerals manipula con la concesión que le otorgó el gobierno mexicano sobre territorio del municipio de Ixtacamaxtitlán, dentro de la demanda de amparo interpuesta por pobladores ante la violación de sus derechos.

Entre los argumentos de los pobladores de Ixtacamaxtitlán se dijo que las concesiones fueron otorgadas aplicando la Ley Minera  expedida en 1992, violando los derechos al territorio y la consulta. Indicaron que la empresa ha tratado de evitar que se discutan esas normas a través de diversas maniobras legales, “incluso la de renunciar a las licencias de explotación, dividiéndolas o recortándolas para dejar fuera al territorio de los pueblos que recurrieron al Amparo”, expresaron.

Sin embargo, no lo ha podido lograr porque las concesiones se encuentran “suspendidas de plano”, desde hace casi dos años, por el juicio de amparo y no pueden ser modificadas, explicaron miembros del grupo de abogados que asesora a las comunidades serranas que se oponen a la extracción de oro y plata en la región.

A la fecha, las actividades y la concesión de la minera canadiense se encuentran suspendidas desde hace casi dos años por órdenes del juez cuarto de distrito del Sexto Circuito hasta en tanto se resuelva el fondo del juicio, en el que las partes han presentado diversas pruebas, 

De acuerdo con los litigantes, en la demanda de amparo, interpuestas ante el Poder Judicial de la Federación, se reclama la violación de derechos por parte del Estado mexicano a través de actos de la Secretaría de  Economía que otorgó las concesiones mineras 219469 y 233434.

“Las autoridades han dilatado el proceso porque se han tardado para responder los alegatos de los pueblos y la juez ordenó una prueba en agrimensura, y posteriormente ordenó una prueba pericial en antropología para acreditar que la población de Ixtacamaxtitlán es originaria para que se les aplique el derecho de los pueblos indígenas y eso ha retrasado la audiencia constitucional y por lo tanto la sentencia”, añadieron.

En el juicio se presentarán tres peritajes antropológicos, uno por los pueblos, otro por la empresa y un tercero en discordia designado por las autoridades.

“Lo que percibimos es que las autoridades y la empresa quieren evitar que se discuta la constitucionalidad de la Ley Minera y quitarle su derecho a los pueblos dilatando el procedimiento, las primeras, y recortando las concesiones, la segunda, para dejar fuera de ellas a los pueblos que reclamaron el amparo y dejar sin materia al juicio y que se vayan para atrás cinco años de estrategia judicial”, señalaron.

El estado a favor de las empresas

En este mismo juicio, el Estado mexicano consideró a la minería como de “utilidad pública” y alegó violaciones a su derecho de explotar “bienes públicos”; cuestionó la identidad indígena de las comunidades y  aseguró que las afectaciones por las actividades extractivas no impactarán en el “suelo, porque las concesiones fueron otorgadas sobre lo que hay en el subsuelo y lo que se va a afectar es propiedad de la Nación, no de los pueblos”.

La Secretaría de Economía (SE) se inconformó por la suspensión ordenada por el Juez de Distrito para que no hubiera actividades mineras en Ixtacamaxtitlán, hasta que se resuelva el amparo, alegando que se causa perjuicio al interés social y a las disposiciones de orden público porque se “obstaculiza el derecho del Estado mexicano para explotar los bienes públicos”, es decir, los minerales.

La SE, agregó, que la Ley Minera tiene finalidad de tutelar derechos de la colectividad, “el problema es que el gobierno no explica a qué colectividad se refiere y defiende a las empresas privadas. El gobierno no habla de los derechos de las comunidades, sino de las mineras”, indicaron los opositores.