San Pedro Cholula, Pue.- En menos de cuatro meses la diputada local por San Pedro Cholula, Sara Chilaca Martínez, inició procesos judiciales contra cinco de sus hermanos, de los cuales uno ya rindió frutos con la aprehensión de su hermana Araceli, para recuperar un inmueble del que se dice despojada.

Además, su familia sospecha irregularidades dentro del proceso por lo que pidió un proceso justo a las autoridades.

“Estamos viviendo un verdadero infierno”, dice Marisol Chilaca Martínez con la voz entrecortada, desde su reclusión voluntaria en la vivienda en la que ha habitado con sus padres por décadas, tras la demanda que interpuso la legisladora.

Teme que le ocurra lo mismo que a su hermana Araceli, quien –afirma- con lujo de violencia fue aprehendida en vía pública e internada en el penal regional de Cholula, en un proceso judicial (AP-1946/2016/AESEX) que sorprende por su rapidez –la causa se instruyó el 17 de junio de 2016 y en menos de cuatro meses fueron liberadas y ejecutadas las órdenes de aprehensión-.

Sobre Yesenia, la hermana menor, también pesa una orden de aprehensión. Fermín y Joselito, dos hermanos más, están acusados de violencia.

Acusó que Sara, la mayor de los hermanos, comenzó el reparto de las propiedades que quedaron intestadas por su padre Juan Chilaca, a lo cual se opusieron.

A raíz de ello, personal del DIF estatal se presentó en la vivienda que está marcada con el número 303 de la céntrica calle 3 Poniente de San Pedro Cholula, por la denuncia por supuesta violencia familiar, en contra de la señora Enriqueta Martínez, madre de los Chilaca.

Marisol, dedicada al cuidado de sus padres quedó sorprendida por la forma en cómo el personal se introdujo a la vivienda, revisó e interrogó a la octogenaria. Desconociendo el origen del proceso, las hermanas acudieron a la dependencia y presentaron pruebas así como testigos del trato que recibía doña Enriqueta.

Enfocados en ese proceso, no advirtieron lo que venía.

El pasado 6 de octubre recibieron la noticia de que Araceli, quien había recaído de una enfermedad tras la muerte de su padre, fue detenida e ingresada al Centro de Reinserción Social (Cereso) por la acusación de despojo. Para lograr su libertad, deberá pagar 2.5 millones de pesos, según fijó el juez de la circunscripción.

En la familia existe incertidumbre a causa de la influencia política que presume su hermana, de quien su madre comenta “se le subió” desde que cursó la universidad.

Postrada en su silla de ruedas por los padecimientos que le aquejan y su avanzada edad, doña Enriqueta tiene lucidez en las ideas que plantea.

Se le pregunta qué piensa de la disputa que la mayor de sus vástagos inició en contra de cinco de sus ocho hermanos por la herencia de su padre, y resuelve:

“Sí me da tristeza que le haga eso a sus hermanos, porque si nosotros no hemos sido de pleito ni peleoneros, pero como estudió más (…) mi hija pobrecita que me la metió a la cárcel, qué va a saber mi hija”.

-¿Qué le diría a su hija Sara si la tuviera enfrente? –se le insiste-

-“¿Por qué me haces esto? Me desprestigias, no es justo que me haya hecho eso con la otra (hija) porque me defiende”, señaló.

Las hermanas acusan que en el proceso se han presentado testigos falsos para cuadrar la versión de que la representante popular fue despojada de la vivienda, en la cual, sostienen, no vivió en las últimas décadas y a la cual solo iba ocasionalmente de visita, pese a tener su casa de atención ciudadana en el inmueble contiguo, también propiedad de su padre.

Con la certeza de que no han cometido el delito que se les imputa, las hermanas Chilaca piden a las autoridades que se lleve a cabo un proceso justo, tomando en cuenta las versiones de sus testigos.

La cotidianidad de la familia Chilaca cambió en los últimos días, ahora les preocupa la situación de su hermana Araceli, debido a su precaria salud; sin embargo, se mantienen pendientes de la evolución del proceso judicial en el que están implicados para no ir a la cárcel.